Crecí escuchando los discursos de Juan Bosch, Peña Gómez y otros lideres comprometidos con la justicia social, y los asumí como parte de la ideología de los jóvenes de la época, confiada en que todos debíamos empujar para producir el bienestar enfocado hacia mejores y mayores oportunidades para la construcción de una sociedad menos desigual.

Según los informes de los organismos que evalúan el crecimiento económico en los países de la región, la República Dominicana es el de mayor crecimiento en los últimos 30 años y según el ministro de Economía y Planificación, este año estaremos en los “Top 10” del crecimiento económico. Eso no está mal, pero me hizo recordar una frase del expresidente uruguayo José Mujica, al hablar con el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric: “No confundas el PIB con la realidad de la gente”.

Agregó que “una sociedad puede tener éxito económico y una terrible deuda social”. Esa construcción conceptual es para aterrizar en la realidad que vivimos donde dos cuestiones esenciales para el desarrollo de un país están rezagadas en el nuestro: la salud y la educación.

El sentido del crecimiento de la economía debe llegar al fondo de la sociedad y la prosperidad de que se hace alarde debe ser compartida para que no haya divorcio entre la percepción y la realidad.

La desigualdad en el sistema de salud duele mucho, afecta a muchos, es indignante, muy costosa como hasta para pagar con la vida la indiferencia de quienes deben velar para que ese derecho fundamental sea respetado.

Según los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la inversión en salud debe ser por lo menos el 6% del Producto Bruto Interno y aquí se invierte solo el 1.9 por ciento y para este año 2022 será de 1.7%.
Esa inversión esta destinada a la tradicional medicina curativa, -con un servicio pésimo y denigrante-cuando la tendencia global está enfocada hacia la prevención de enfermedades mediante un sistema de atención primaria que oriente a la población para que no se enferme.

Un chequeo de la inversión en salud en nuestra zona geográfica muestra que solo Cuba sobrepasa la meta de OPS, con el 10.6% del PIB, le siguen Costa Rica con 6.8, y Uruguay con 6.1%.

La ley 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que para el 2020 la inversión en salud debió ser del 4% del PIB, pero dos años después tenemos apenas el 1.7. Como siempre, leyes que no se cumplen en detrimento de la calidad de un servicio y derecho tan vital como la salud.

Nuestro sistema de salud está regulado por dos leyes, la 42-01 de Salud y la 87-01 del Sistema de Seguridad Social, del cual creíamos que seria la panacea del problema de la salud, sin embargo, todo ha sido un fiasco para la mayoría de la población y sí un negocio lucrativo para dos sectores vinculados: las AFP y la ARS. Hay mucho que decir de este tema, como la negación de atención si no presenta un buen seguro médico, el cobro adelantado para internamientos con cifras desorbitantes en la mayoría de los casos fuera del alcance de la población. Somos más desiguales en el sistema de salud, esto debe cambiar.