BUENOS AIRES. El exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue detenido el viernes por los supuestos delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y se sumó así a otros miembros del gobierno de Cristina Fernández que se encuentran bajo arresto.

Boudou, quien también se desempeñó como ministro de Economía durante parte del mandato de Fernández (2007-2015), fue detenido en su departamento de Buenos Aires por la Prefectura Naval la policía guardacostas- y llevado ante el juez federal Ariel Lijo para ser indagado, dijo a The Associated Press una persona que trabaja en el juzgado que no se identificó porque no está habilitada para hacerlo.

Los canales de televisión mostraron imágenes de Boudou mientras era detenido en la madrugada por los guardacostas y posteriormente trasladado al edificio de los tribunales. Lijo ordenó además la detención de José María Núñez Carmona, socio del ex vicepresidente, también por supuesta asociación ilícita.

En su orden de detención, reproducida por la agencia oficial de noticias Télam, el juez consideró que los investigados se dedicaron a cometer delitos «para la obtención de beneficios económicos» y que la asociación ilícita funcionó al menos desde 2009, cuando Boudou asumió como ministro de Economía, hasta diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente.

Se desarrolló un «intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios», dijo el magistrado.

Indicó que entre las presuntas maniobras ilegales -que a su vez son objeto de investigación en otras causas judiciales- estaría la adquisición de 19 vehículos «en subasta privada direccionada por parte del Ministerio de Economía». En cuanto al supuesto lavado de activos, el juez sospecha que Boudou y Núñez Carmona «pusieron en circulación en el mercado legal» sumas millonarias no declaradas y de origen ilícito a través de un blanqueo estipulado por una ley «a los fines de disimular la fuente real de los fondos» y posteriormente ingresarlos «al grupo societario que compartían».

El exvicepresidente supuestamente realizó otras dos maniobras de blanqueo, una de ellas junto a su pareja de entonces, a quien le compró un departamento. El «monto total objeto de delito de lavado de activos ascendería 4.238.900 pesos» (cerca de 240.000 de dólares al cambio actual) y 995.000 dólares, según el escrito judicial.

Eduardo Durañona, abogado de Boudou, se mostró sorprendido por la detención y descartó en declaraciones a la prensa que su cliente tuviera la intención de fugarse u obstruir la investigación debido a que «siempre estuvo a derecho».

El exvicepresidente afronta en la actualidad un juicio por la presunta adquisición irregular de la única imprenta de billetes de curso legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández.

La justicia lleva adelante una fuerte ofensiva contra antiguos funcionarios por supuestos actos de corrupción a pocos días de que el oficialismo se alzara con una victoria en las elecciones legislativas, lo que supuso un espaldarazo político para el presidente Mauricio Macri.

Días atrás quedó detenido Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación Federal durante la presidencia de Fernández y la de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007). Está acusado de presunta defraudación al Estado y malversación de fondos.

En las legislativas Fernández obtuvo una banca como senadora nacional, lo que le otorga inmunidad parlamentaria para ser detenida en las causas en su contra por supuestos actos de corrupción y en la del presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994.

La exmandataria se ha declarado inocente. Para ser detenida, si un juez así lo requiriera, debería ser sometida a juicio político en el Senado y destituida por dos tercios de los legisladores presentes. Fernández, quien asumirá su banca el 10 de diciembre, sostiene que es víctima de una persecución por parte de jueces que responden al gobierno de Macri.