Si todavía a poco menos de la mitad de la población no le ha dado la gana de ir a vacunarse aunque sea con la primera dosis a pesar de la intensa campaña que promueven las autoridades sanitarias y a sabiendas de que corren el riesgo de contagiarse y morir, o que lo haga alguno de sus seres queridos, a consecuencia del covid-19, no debe extrañarnos que faltando apenas un mes para que concluya el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, componente esencial del plan de seguridad pública con el que el Gobierno trata de mantener a raya a la delincuencia, solo el 15% de los 2.7 millones de las que circulan por nuestras calles ha obtemperado al llamado.

En ambos casos se puede hablar de apatía e indolencia, rasgos de nuestra idiosincrasia que a lo largo de nuestra historia han sido determinantes para llegar a ser lo que somos (o lo que no somos) como sociedad y la forma en que nos comportamos, lo que agrava el hecho de que ese comportamiento, tanto en uno como en otro caso, es potencialmente negativo para el resto del conglomerado social, lo que agrega el individualismo irresponsable al menú.

¿Para qué existe entonces la autoridad si no actúa para proteger el interés colectivo, lo que más conviene a la mayoría, sobre todo cuando se habla de palabras mayores como la salud de una población amenazada por una pandemia y sus secuelas y una seguridad pública en la que muy pocos se sienten seguros?

Esa es una buena pregunta para la cual, probablemente, haya mas de una respuesta, siempre “a sigún” la condición, calidad profesional o el partido al que pertenezcan quienes decidan tratar de responderla.

Pero sea por indolencia o apatía, o ambas penas a la vez, eso tampoco parece preocuparle ni importarle a mucha gente, ni siquiera a quienes hablan y actúan en nombre de la autoridad que tanto se echa en falta cuando vemos que el interés de unos pocos se impone al de la mayoría.