Fidel Santana propone 10 y 40 años de prisión contra funcionarios que incurran en corrupción administrativa

Fidel Santana propone 10 y 40 años de prisión contra funcionarios que incurran en corrupción administrativa

Fidel Santana, diputado del Frente Amplio. ARCHIVO

El diputado nacional por el Partido Frente Amplio (FA), Fidel Santana, sometió este miércoles ante la Cámara de Diputados , el anteproyecto de ley que condena los actos de corrupción administrativa y establece procedimientos para recuperar bienes públicos en manos de funcionarios corruptos.

El diputado nacional por el Partido Frente Amplio (FA), Fidel Santana, sometió este miércoles ante la Cámara de Diputados , el anteproyecto de ley que condena los actos de corrupción Administrativa y establece procedimientos para recuperar bienes públicos en manos de funcionarios corruptos.
Santana explicó que la Constitución de la República no cuenta con una ley específica para combatir los actos de corrupción administrativa y de recuperar los  bienes públicos en manos de funcionarios corruptos.Dijo que en el país vive bajo un estado de impunidad, donde no hay corruptos que hayan sido condenados.“ Aquí tenemos una situación grave, donde ha sido acusado el presidente del partido oficial, el secretario de organización de esa entidad fue sometido por acto de corrupción por más de RD$28 mil millones y no ha ocurrido nada;  varios de los funcionarios actuales señalados como corruptos y altos dirigentes del partido oficial han expresado que su propia organización está llena de corruptos, sin embargo, no hay una acción concreta de las instancias que deberían investigar y sancionar esos hechos”, aseveró Santana.

El legislador opositor indicó que está  procediendo a introducir una  iniciativa legislativa que establece cuales son los actos de corrupción al interior de la administración pública, donde se establece el proceso, a los fines de que la justicia dominicana recupere esos bienes del pueblo  en manos de funcionarios corruptos.

Santana explicó que el proyecto establece un marco de 75 años para que periman los delitos de corrupción en la administración pública, lo que tendría tiempo de más, a los fines de recuperar los bienes en manos de corruptos desde que se inicia la democracia en los años 60.