Tal vez se peca de optimismo al pensar que la crisis política, social y económica haitiana está llegando a su final, pero por lo menos es dable considerar que lo peor ya ha pasado.

Por un lado, tenemos la presencia de tropas internacionales en Puerto Príncipe, las cuales, aunque han estado actuando muy lentamente, se supone que lograrán eliminar las pandillas que todavía controlan partes importantes de la capital haitiana, más no el interior del país. Por otro lado, ya existe un gobierno presidido por un técnico con experiencia internacional que busca organizar elecciones libres.

Esa situación coincide con la nueva juramentación del presidente Luis Abinader en una etapa en que no busca la reelección, lo cual le permite actuar cada vez más como estadista y no como simple político, específicamente en el caso de la presencia haitiana en el país.

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Le tocará a ese nuevo gobierno cuantificar la cantidad de haitianos que realmente necesita la economía dominicana para cortar la caña y los guineos, sembrar el arroz y recoger diferentes cosechas, así como su papel en la industria de la construcción. Esa cantidad por sector involucraría la concesión de permisos temporales de trabajo para los haitianos, cantidad que deberá ir disminuyendo cada año para así presionar hacia la mecanización del corte de la caña (ya el Central Romana ha anunciado que el 55% de su corte está mecanizado), la mecanización en las plantaciones de arroz y también en la industria de la construcción. Los que no se necesiten para esos sectores, al no contar con permisos de trabajo deberán ser deportados. Será entonces el momento en que surjan convenientes presiones internas para el necesario aumento en los niveles de salarios.

El fin de lo peor de la crisis haitiana, así como el nuevo gobierno no reeleccionista coinciden también con el nombramiento de una nueva cabeza en el ministerio de Interior y Policía bajo cuyas órdenes, por lo menos en teoría, debe operar tanto la Dirección General de Migración, como su muy poderosa Subdirección General. Habría llegado el momento de impedir los abusos bajo los cuales se extorsiona a los haitianos, pidiéndoles dinero para no ser deportados, o para que puedan llegar al país, o para quitarle sus ajuares en sus humildes hogares.

Si hasta ahora ha sido algo cuesta arriba el justificar deportaciones de haitianos dadas las condiciones de alta inseguridad en su país, con la eliminación de las pandillas habría desaparecido esa situación, pero debe también coincidir con la eliminación de las extorsiones por parte de empleados de migración y de militares dominicanos buscando lucrarse con la tragedia de los haitianos.

Ya no se habla del antes famoso canal sobre el río Masacre por lo que deben eliminarse todas las trabas a las exportaciones dominicanas a Haití que se establecieron debido a la construcción del mismo.

Existe y hay que reconocerlo, un serio obstáculo para documentar a los haitianos que sí necesitamos y necesitaremos para labores en sectores muy específicos de la economía y está representado por la falta de documentación personal en sus manos. Excepto en ciertos consulados, como el de Washington, no aparecen nuevos pasaportes. Recuérdese como un embajador haitiano en Santo Domingo renunció ante el “macuteo” en la emisión y venta de los mismos. El nuevo gobierno haitiano debe de eliminar la corrupción en la emisión de pasaportes y, en general, lograr su entrega a sus ciudadanos y, específicamente, a los que están en la República Dominicana y buscar permisos temporales de trabajo. El tomarle los datos biométricos como hacemos en la actualidad no puede sustituir nunca que cuenten con algún tipo de cédula, o pasaporte.

Una vez estén estos documentados se entregarían los permisos temporales de trabajo bajo cuota y en aquellos sectores que previamente se haya decidido que son necesarios.