La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo ayer que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones para fortalecer el Estado social y democrático de derecho.

Consideró preocupante que en el proyecto las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo con leyes especiales vigentes.

Señaló que el artículo 42 autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional, a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades vitales para la institucionalidad democrática, como el Poder Judicial, la Procuraduría General, la Cámara de Cuentas y otras.

Indica que eso sería reeditar una práctica contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas.

Dijo que el Proyecto de Ley de Presupuesto debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitar las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

Exhortó al Congreso a que la aprobación esté adecuada al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitar las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que afectarían la seguridad jurídica del país.

Espera que la discusión en el Congreso permitirá invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación.

“Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos”, dijo su vocero Servio Tulio Castaños G.