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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, consideró que el proyecto de Ley de Fideicomiso que se debate en la Cámara de Diputados «Referencia su aplicación» al régimen de compras y contrataciones que establece la Ley 340-06; contrario a lo que establecen diversos sectores.
En un comunicado difundido por FINJUS, se establece que los diferentes fideicomisos públicos podrán responder o ajustarse a un régimen de compras y contratación que responderá a la realidad de cada estructura, a la vez que, al someter el reglamento particular a la aprobación -que no es solo registro- de la DGCP, obtendrá la revisión y visto bueno del ente rector de este sistema dentro del Estado dominicano.
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«Si bien una remisión a sus principios pudiera parecer un tanto general, lo que termina de cerrar el círculo en este caso es que, conforme prevé el párrafo del artículo 13 del Proyecto, cada fideicomiso debe operar en base a un reglamento propio previamente remitido a y aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (“DGCP”)», dice el documento publicado por FINJUS.
FINJUS aclara
El documento también indica que «Por otro lado, en este mismo sentido el Proyecto establece que, salvo excepción expresa, las deudas, empréstitos y demás obligaciones del fideicomiso público solo estarán garantizadas por el patrimonio fideicomitido, a la vez que éstas no tendrán garantía o aval adicional del Estado, como tampoco carácter de deuda pública. Prevé que las únicas deudas exigibles al Estado -como fideicomitente- serán aquellas validadas y registradas previamente en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)».
Además, el comunicado de FINJUS finaliza diciendo «Evitemos -basados en el populismo- volver o no salir de reglas y nociones pensadas para otras épocas u otras figuras no compatibles a los tiempos que viven los mercados, y a visualizar a nuestro Estado como un ente capaz de actuar para el bien de la sociedad siguiendo estas tendencias y cánones globalmente probados».
