Loyda Peña 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó ayer la atención sobre el alto índice de suspensiones de audiencias en las jurisdicciones ordinarias y de adolescentes, y dijo que esa situación que perjudica el sistema de justicia en detrimento de la salvaguarda de las garantías y libertades individuales debe ser resuelta con prontitud.
Refirió que de acuerdo a un informe de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP), de 74,844 audiencias que ese organismo tenía agendadas solo en la jurisdicción penal ordinaria, en el período enero-junio de este año, 52,376, equivalentes al 70%, fueron suspendidas.
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Entre las causas que motivaron esas suspensiones en la fase preliminar y del fondo de los distintos procesos citó la falta de notificación de las partes, de traslado de imputados y no comparecencia de testigos o peritos, entre otras.
En el caso de la jurisdicción penal adolescente, la Finjus dijo que hay que tener “excesiva cautela”, pues en el informe de la ONDP salen a relucir entre las causas de suspensión de audiencias, “la falta de los profesionales responsables para la adecuada gestión de los procesos ligados a las entrevistas en la Cámara Gesell”.
Otro aspecto delicado, con el que hay que tener un trato de excesiva cautela, es la suspensión de audiencias en la jurisdicción penal adolescente, donde entre las causas de su suspensión salen a relucir situaciones como la falta de los profesionales responsables para la adecuada gestión de los procesos ligados a las entrevistas en la Cámara de Gesell”.
La entidad de la sociedad civil recordó que todo proceso que involucre un niño, niña o adolescente “debe priorizar su bienestar y pleno ejercicio de derechos”.
