La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó ayer que se declare un estado de emergencia en materia de transporte, ya que que ha llegado el momento de tomar medidas urgentes e inteligentes para enfrentar el tema que se ha convertido en una de las mayores causas de inseguridad.

Otras medidas propuestas es que se modernice y aplique rigurosamente la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dándole fuerza regulatoria y que haya nueva sanciones que disuadan a quienes violan la norma, especialmente por conducir bajo los efectos del alcohol y el manejo temerario.

FINJUS sugiere que se disponga que todos los sectores se involucren en su solución del problema del tránsito y que es el momento de que los ayuntamientos jueguen un rol más protagónico en la prevención y su control. Además que se promuevan programas de educación vial.

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Mediante un documento Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, deploró que pese a los planes para su reorganización, el transporte y tránsito vial es una de las mayores causas de inseguridad en la actualidad, lo que viene aparejado con el aumento del congestionamiento y demoras en las vías públicas, que afectan a ciudadanos y el sector público.

Además que se destaca como fuente directa de este fenómeno, el incremento desordenado de vehículos no aptos para circular, muchos de los cuales brindan un pésimo servicio a los usuarios.

Expuso que como otros problemas sociales, ante la ausencia de soluciones colectivas provenientes del Estado, la mayoría de la población solo piensa en su realidad particular y cree que comprando un carro o una motocicleta resolverá su caso, lo que ha permitido que el sistema del motoconcho se consolide como el medio preferido de transporte en todas las clases sociales.

“Se debe reconocer que esta realidad tiene décadas de existencia y lo que vemos cada año es su crecimiento desenfrenado. La ausencia de políticas públicas claras, la insuficiente cantidad de agentes entrenados para hacer cumplir la ley e imponer el orden, están en el centro de la causa de este problema”, indica FINJUS.

Señala como gran preocupación que no existe un verdadero sistema de control del tráfico, ni consecuencias para los infractores, o mecanismos de coordinación para la movilización de los trabajadores, empleados, estudiantes y público en general.

Además, que la insuficiencia de estacionamientos en áreas comerciales y de entidades gubernamentales para los visitantes, genera que las vías de la ciudad se tornen más angostas, pues induce a las personas a tener que ocupar parte de las zonas de circulación para la agilización del tráfico, aprovechándose algunas, incluso, de las aceras peatonales.

“Debemos crear conciencia de que las 2,950 muertes que cada año ocurren por accidentes, de acuerdo al Intrant, y las decenas de miles de heridos y lesionados chocan contra el mandato constitucional de proteger la vida e integridad de cada habitante”.

FINJUS reitera su compromiso de apoyar la labor de las comisiones técnicas legislativas establecer límites normativos que desestimulen las infracciones vehiculares y comenzar a crear una nueva cultura de la movilidad en el país.