Tenían que morir tres jóvenes que se encontraban bajo custodia de la Policía para que cayéramos en la cuenta de que los fiscales, que deberían hacer presencia en los destacamentos para garantizar el debido proceso de los detenidos y evitar que se vulneren sus derechos, hace años (un reportaje de El Caribe señala que en el año 2000 empezaron a abandonar los cuarteles) que desertaron de esa responsabilidad, a la que se supone los obliga nuestro ordenamiento legal.

Desde el dolor y la indignación que provocaron esas muertes causa pavor imaginarse siquiera cuántos ciudadanos habrán pasado por similares o peores experiencias en todos estos años, sin que hayan llegado a los medios de comunicación o las redes sociales; y si acaso algunos llegaron, no les pusimos la debida atención o, peor todavía, nos parecieron “normales” y por tanto aceptables; aunque lo cierto es que si hacemos un poco de memoria, recordaremos que las denuncias de torturas en los destacamentos policiales son recurrentes desde hace tiempo.

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Desde luego, lo que pasó ya pasó y nada de lo que hagamos le devolverá la vida a esos jóvenes, pero hay algo que sí podemos, y debemos, hacer: castigar con todo el peso de la ley a sus asesinos, y asegurarnos de que no vuelva a pasar, a lo que ayudará mucho que se cumpla la primera condición.

La decisión de la Procuradora Miriam Germán de instruir a los fiscales que inspeccionen de manera rigurosa, con turnos ininterrumpidos, los cuarteles policiales, busca precisamente evitar que volvamos a vivir esa dolorosa y traumática experiencia.

Pero lo primero que hay que preguntarse es si, al tomar esa decisión, se pensó también en crear un mecanismo que permita una supervisión efectiva que garantice que esa disposición se cumplirá día tras día, mes tras mes, y año tras año.

Porque si hay algo que hemos aprendido, y por eso estamos como estamos, es que nos cansamos demasiado rápido de hacer las cosas bien.