Formación y conducta del docente

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Cualquier reforma del sistema de instrucción pública de un país que aspire a verse coronada por el éxito requiere de una transformación de las pautas por las que se rige el comportamiento de los maestros en el aula por ser éstos los protagonistas principales de los procesos de enseñanza aprendizaje. La reforma de las estructuras y del ordenamiento vigente; la revisión curricular; y los planes y programas de estudios pasan por sus manos en su condición de exponentes principales de las transmisiones de saberes. Como bien lo expresara Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. Desde esa perspectiva –continuamos citando a Álvaro Marchesi- las propuestas para mejorar la situación del profesorado deben basarse en enfoques contextuales e integrales, en las que se tengan muy en cuenta todos los factores que contribuyan a facilitar los trabajos de los docentes”.
La reforma educativa que el gobierno del presidente Danilo Medina ha querido emprender precisa de un determinado perfil del docente que difiera significativamente del profesor tradicional. El docente requerido para una tarea tan delicada como ésa ha de ser quien conciba y active el valor funcional del aprendizaje y que, además de reproducir la tradición cultural de su país, sea capaz de generar y de promover alternativas; también, de facilitar a sus alumnos la integración de todas las ofertas de formación; de organizar trabajos disciplinarios e interdisciplinarios; y de colaborar con su comunidad, haciendo de la experiencia educativa una experiencia individual y a la vez socializadora. Deberá ser capaz de analizar el contexto en que se desarrolla sus actividades, de dar respuesta a los problemas que se generan en el seno de una sociedad cambiante, y de combinar la comprensión de sus enseñanzas con las diferencias individuales, de modo que se superen las desigualdades y diversidades latentes entre sus alumnos.
La necesidad de cualificación y formación permanente no se limita a aquellos profesores que ejercen su oficio en el presente o que lo ejercerán en el futuro. La formación continua es un deber y un derecho de toda persona que ejerza el oficio de maestro. Deriva de la movilidad de los conocimientos que la escuela ha de transmitir; de las demandas sociales acerca del papel de la escuela, y de los métodos de transmisión de conocimientos, en incesante renovación.
En el preámbulo de la obra “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” de la Colección Metas Educativas, publicada por la Fundación Santillana en Madrid, en el 2009, Álvaro Marchesi expresa que “el principal problema que enfrentan las políticas relativas al profesorado es el de los grandes números que comportan, tanto en la cantidad y diversidad de decisiones pendientes, como por ser uno de los cuerpos profesionales más numerosos”. Aquí ocurre algo muy parecido: El Ministerio de Educación es el mayor empleador del país. Su nómina representa más del 20% de la nómina de todo el sector público, lo que hace que cualquier aumento de salario, por pequeño que fuera, representa una carga considerable para las finanzas del Estado. Dados los costos crecientes de una educación de calidad, el gobierno del presidente Medina se ha visto obligado a administrar pulcramente los limitados recursos de que dispone con el fin de promover estructuras que aglutinen y que posibiliten los recursos humanos institucionales, financieros y técnicos. Sólo así podrían surgir nuevas formas de proyectos de inversión y generarse un mayor fomento de programas de formación y capacitación docente.