Lima.- El gobierno peruano promulgó hoy la ley 30737 que reemplaza al decreto 003, llamado “ley anti-Odebrecht”, con el objeto de asegurar el pago inmediato al Estado de la reparación civil en delitos de corrupción y facilitar la reanudación de los proyectos de inversión en el país.

La norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano fue promulgada por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, con la intención de que no se paralicen los proyectos de inversión en el país y que se sancionen los actos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht y otras firmas brasileñas.

Con el fin de asegurar el pago de las reparaciones, la ley establece la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención del importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.

Estas medidas aplican para las personas jurídicas (empresas y entidades) con sentencia firme por delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano. Asimismo, para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

La norma también aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

Como parte de las medidas restrictivas contra los socios, asociados o consorciados, éstos tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil. Además, suspender las transferencias al exterior, implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.

El Congreso peruano afirmó, al aprobar la ley, que la nueva norma asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de empresas involucradas en actos de corrupción, cautela el derecho de los trabajadores y de los proveedores, y garantiza el control de la Contraloría para la correcta aplicación de la norma.

La nueva ley, cuyo objetivo es garantizar que las empresas investigadas por corrupción sigan trabajando en Perú y paguen la reparación civil, fue presentada en el Congreso a inicios de febrero por el Ejecutivo con la convicción de que sería aprobada rápidamente, pero no obtuvo el apoyo suficiente.

En ese momento, la ministra de Economía, Claudia Cooper, consideró que era “absolutamente importante” un debate profundo de la norma para que tenga “la fortaleza suficiente para dar certidumbre a los agentes económicos, de manera que tomen decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones».

El llamado decreto “anti-Odebrecht”, al que la ley sustituye, fue aprobado el 13 de febrero de 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre los millonarios sobornos pagados por su constructora a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.

El decreto ordenó la intervención de cuentas, prohibió contrataciones estatales y controló de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.

En un principio solo implicaba a Odebrecht, pero luego se amplió para que afectara a sus socios, lo que puso en entredicho a gran parte de las empresas constructoras peruanas, que a su vez también se han visto envueltas en escándalos paralelos de corrupción.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica y las investigaciones en Perú, donde pagó sobornos entre 2005 y 2014, afectan a toda la primera plana política.

Ese período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos en el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

También están investigados la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien en los próximos días afrontará un segundo pedido de destitución por este tema en el Congreso.