Guido Gómez Mazara 
Con tropiezos propios de la imperfección humana, la tradición democrática colocó en la ruta institucional la vida militar que, por vía de una fatal jurisprudencia autoritaria, encontró una camada de hombres decididos a obedecer al poder civil y cerrar el capítulo de la aventura golpista. Aunque las nuevas generaciones encuentren en los textos de historia la concepción conchoprimesca, la fascinación por la metralleta imponiéndose a la ciudadanía y derrocamientos a gobiernos electos por el voto popular, existen exponentes de aquella nostalgia que llenó de luto a la sociedad. Ahora, en el marco de un nuevo contexto, la aspiración “otrora golpista” tiende a encontrar en la arena del militantismo partidario el pasaje por excelencia para ascensos económicos que nublan las reglas de respeto al orden y la legalidad. Parece que aprendieron a que la conexión con los detentadores del poder los conduce a la estructuración de lealtades que desbordan la condición de apego irrestricto a reglas donde el sentido del ascenso está asociado con la capacidad, formación y talento. De igual manera, desde la esfera política se construyen códigos que transforman los valores y hacen de un segmento del mando medio y superior de las Fuerzas Armadas potenciales activistas al servicio de la causa oficial que su avance está relacionado con su vocación servil a una causa electoral.
El Gobierno sabe que la desventaja de Gonzalo Castillo “necesita” del uso de mecanismos indecentes. Por eso, un componente esencial en la estructuración de una aventura electoral capaz de obstruir el proceso pautado para el 5 de julio consiste en entusiasmar a sectores militares profundamente identificados con el PLD. Y el riesgo de empujarlos en la actuación política reside en usar como letra de cambio las ventajas financieras inocultables de un segmento que, sin representar la mayoría de la oficialidad, piensa que el efecto reflejo de su “progreso” podría servir de estimulo en la masificación de una acción aventurera que se traduzca en represión en los centros de votación y llenar de miedo a comunidades en procura de elevar el nivel de abstención.
Existe un clarísimo interés de convertir a militares en activistas políticos que suplan en el terreno práctico las distancias establecidas por los niveles de preferencias en la candidatura presidencial. Pretender calcar la experiencia de 1978 nos obliga a una referencia básica para comprender los cambios experimentados en la sociedad, fundamentalmente porque la enseñanza incuestionable es que la repulsa al aspirante sin posibilidades de triunfar se traslada de manera automática a los guardias que pierden el rumbo de su compromiso con la institucionalidad. Los precedentes de procesos penales y sanciones legales por enriquecimiento ilícito constituyen modelos de impugnación que rebasan lo estrictamente formal dando paso al estigma en la sociedad que humilla y llena de vergüenza a sus familiares y relacionados.
Un retrato de lo absurdo del poder utilizando los resortes de la inteligencia militar se observa en el afán de fastidiar a Luis Abinader, haciendo del C-5I el comando de campaña donde información privilegiada de la institución se entrega a la estructura de campaña del PLD y se recibe al candidato oficial las instalaciones del Ministerio de Defensa. De paso, provoca sospecha reunir a tres miembros del comando de campaña de Gonzalo Castillo con la alta oficialidad para hacer referencias a los aspectos propios del proceso electoral que no vinculan las responsabilidades gubernamentales con las tareas del vicealmirante FAC (ARD), contralmirante LRLB (ARD), contralmirante RPM (ERD), general de brigada JDQT(FARD), general de brigada JCSV (FARD), general de brigada JBM (ERD), general de brigada ASA (ERD), general de brigada CMAR (ERD), general de brigada LEYP (PN), coronel FCP (ERD), coronel NBB (ERD), coronel piloto RCT (ERD), coronel JCC (ERD), coronel RVE (ERD), coronel MBB (ERD),coronel SSG (ERD),coronel JMJ (ERD), coronel OJE (ERD), coronel MACG (ERD).
La última locura pretendiendo burlar la voluntad popular anda de manos con la estrategia del Gobierno y su candidato que sienten que provocar que exponentes del alto mando militar intervengan en el tramo final de la campaña puede ayudar a robarse las elecciones. Están equivocados, y el militar que se transforme en activista político degrada su condición y no saldrá ileso del juicio de la historia. 
