Aunque suene peyorativo o racista no hay otra forma de describir el dato del Ministerio de Educación señalando que la población estudiantil haitiana se ha duplicado en las escuelas de las cinco provincias fronterizas en los últimos cinco años, periodo en el que se incrementó en un 52.33%. Esas estadísticas también indican que, contrario a lo que viene ocurriendo, de manera sostenida, con los estudiantes haitianos, la población de estudiantes dominicanos en esas provincias disminuyó en un 11.37%.

Es muy probable que al conocer esas estadísticas en el Instituto Duartiano se pongan las manos en la cabeza y peguen el grito al cielo, al igual que los grupos ultranacionalistas que promueven el odio contra los nacionales del vecino país, pero en el Gobierno, donde sus funcionarios están obligados a mirar esa situación con mayor inteligencia y racionalidad, deben empezar a hacer algo al respecto, para lo cual, hay que reconocerlo, ya le cogió lo tarde como dicen popularmente en la calle.

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Esa reacción tardía o ausencia de reacción ante la imparable inmigración ilegal haitiana y sus efectos ha sido la constante, el patrón de comportamiento, de los gobiernos que hemos tenido los últimos 30 años, de lo cual muchos culparán, sin que les falte razón, a las presiones de una comunidad internacional que nunca ha disimulado sus intenciones de que nos hagamos cargo del “problema haitiano”.

Porque si hoy esa inmigración ilegal nos desborda ha sido, precisamente, por no aplicar a tiempo y con firmeza nuestra Ley de Migración, ignorando las pataletas y acusaciones del Departamento de Estado y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Es por eso que tenemos que aceptar como algo normal que las haitianas vengan a parir en trulla a los hospitales dominicanos, convirtiéndose en un negocio que deja dividendos de este y aquel lado de la frontera, o que en las escuelas haya que compartir el magro pan de la enseñanza con los estudiantes del vecino país.