Los valores en circulación del Banco Central representan un instrumento de Política Monetaria, su monto a diciembre de 2002 ascendía a $6,905.3 millones, equivalentes al 1.3% del PIB; con las quiebras fraudulentas y la devolución a todos los depositantes provocó una duplicación de la Base Monetaria y se trató de neutralizar mediante la colocación de certificados que al 13 de agosto de 2004 aumentaron a RD$89,438 millones, equivalentes al 9.3% del PIB; la deuda interna del BC ha seguido creciendo de forma sostenida, superando el billón de pesos en determinados meses y representa al cierre de octubre el 26.6% de la deuda pública consolidada y 16.6% del PIB.

En 2007 se promulgó la Ley de Capitalización del Banco Central que contemplaba aportes desde 0.5% del PIB el primer año hasta 1.4% del PIB el décimo año y de ahí en adelante un desmonte gradual que no podía ser inferior al 1.0% del PIB. El Gobierno del Dr. Leonel Fernández fue el único que cumplió con la ley, aportando en 2008 el 0,5% del PIB hasta el 2012 el 0.9%, sin embargo, la tasa de crecimiento del stock no disminuyó, evidenciando un fallo en la ley o un uso excesivo de este instrumento de política monetaria.

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La deuda crece porque al pagar los intereses de los certificados el BC carece de los ingresos suficientes y se ve en la obligación de neutralizar esta emisión mediante la colocación de nuevos certificados. También crece por razones de la política monetaria como la acumulación de reservas o la contracción de la Base Monetaria.

El destacado economista Dr. Andy Dauhajre ha propuesto que la totalidad de la deuda pase al Ministerio de Hacienda y tiene ventajas que fueron explicadas en un extenso artículo, pero tiene un gran problema y es el pago de los intereses que en 2022 ascendieron a RD$95,729.9 millones y este año podrían rondar los RD$130 mil millones; para el año próximo el presupuesto del gobierno contempla RD$231,312 millones para el pago de intereses.¿ que significaría para las finanzas públicas aumentar el pago de intereses en 56.3%?

Otras alternativas podrían ser que Hacienda asuma los instrumentos con vencimientos a más de cinco años que representan el 63.24% del stock y el BC el restante 36.76% o el gobierno aprobar una nueva Ley con aportes anuales no menores al 1.0% del PIB durante 20 años.

En cualquier solución, sea la extrema de pasar al Ministerio de Hacienda la carga de los intereses, soluciones mixtas o una nueva Ley, se debe partir de dos premisas, una de ellas una reforma fiscal integral y determinados compromisos del BC.

Por ejemplo, el BC no puede aumentar sus Reservas Internacionales comprándole dólares a los bancos para pagarles con títulos que devengan intereses más altos que la tasa de interés interbancaria, tampoco puede pretender ser la locomotora del crecimiento con inyecciones a los bancos que deben ser neutralizadas, entre otras modalidades, con el aumento de su deuda.

Esa puede convertirse en un desestabilizador letal en caso de que el país se vea sometido a un choque externo con reducciones en los flujos de capitales, insostenibilidad de la deuda, crisis cambiaria, una elevada inflación o pérdida de confianza.

La reforma fiscal integral y el desmonte gradual de la deuda del BC deberán ser puntos prioritarios de la agenda del primer año del próximo gobierno.