No sería justo negar los ingentes esfuerzos que realiza este gobierno por mejorar la seguridad pública, pero no hay porqué negar que la delincuencia va un paso por delante de las autoridades llamadas a enfrentarla; y quienes más sufren esa situación son los ciudadanos, es decir sus víctimas, y así se refleja en las encuestas de opinión.
Y es que no pasa un día sin que los delincuentes nos den razones para un nuevo sobresalto, lo que puede confirmar la funcionaria de la Cámara de Diputados que hace unos días fue asaltada por un hombre disfrazado de enfermero cuando se encontraba interna en una clínica de postín de la Capital.
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No vamos a discutir aquí, para no perder tiempo ni espacio, que la publicidad que reciben esos hechos a través de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales contribuye a amplificar el problema al igual que el miedo que una delincuencia desbordada genera en la población, lo que los gobiernos llaman percepción cuando quiere restarle gravedad. Pero a la hora de la verdad es la que cuenta, porque es la versión de la realidad que predomina.
Y si hay una realidad a la que no puede sacársele el cuerpo es a esa inseguridad, para la cual las autoridades todavía no tienen la respuesta apropiada. La reforma policial y las distintas iniciativas que se impulsan desde el Ministerio de Interior y Policía, hay que reconocerlo, apuntan en esa dirección, pero el problema se dejó poner tan grande que todo lo que se haga, tanto para enfrentar la delincuencia en sí misma como sus múltiples causas, resultará siempre insuficiente.
Y eso debería saberlo, por toda la información que maneja, el ministro Chu Vásquez, quien ha querido tranquilizar a la población con el argumento de que los recientes casos de violencia delictiva son hechos aislados, sin darse cuenta de que esa clase de explicaciones lo que hacen es provocar el rechazo y la irritación de una población que sufre, en su día a día, el acoso de una delincuencia que no da tregua ni respeta nada.