Se acerca un cambio de Gobierno, y sea quien sea que resulte ganador, la reforma tributaria es impostergable, puesto que durante el periodo que termina fue imposible conformar un consenso de las sociedad que sustente un nuevo sistema tributario adecuado a las circunstancias actuales, no obstante reconocer las iniciativas del Gobierno al tenor de las precariedades, por los compromisos de las deudas y los pasivos sociales recibidos el 16 de agosto de 2020.

De ahí la obligación de mejorar el inadecuado sistema vigente que permita afrontar además las justas exigencias de la población, pues el actual sistema es injusto e inadecuado por ser regresivo, ya que grava mayormente el consumo, convirtiéndolo, por lo tanto, en violatorio a la Constitución, la cual en su artículo 75 numeral sexto establece como deber fundamental: “Tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración eficiente”.

También es violatoria a la Constitución puesto que esta, en su artículo 40 establece que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad.

Mediante una ojeada retrospectiva se evidencia que todos los periodos gubernamentales han creado su reforma fiscal, manteniendo la misma injusticia consistente en tomar como base los impuestos indirectos.

Por estas razones resulta incontrovertible modificar el sistema injusto, inadecuado y violatorio a la carta magna, pero este Gobierno ha hecho esfuerzos para realizar modificaciones, no obstante gran parte de los gobernados se han opuesto a la reforma fiscal integral que abarca la mejoría de la calidad del gasto.