Antes de iniciar la delicada tarea de investigar lo que ocurre en la Cámara de Cuentas debió pedírsele a los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados, que integran 15 legisladores, que para no contaminar ni dañar el trabajo que realizan se abstuvieran de ofrecer declaraciones a los medios hasta que se rinda el informe final, que según su presidente, Ramón Genao Lanza, sería el 9 de junio.

La primera señal de que algunos legisladores no se iban a aguantar la boca la dio una diputada que, a pesar de estar en esa Comisión Especial en calidad de invitada, en un momento que salió al baño declaró a los periodistas que la acosaban a preguntas que su presidente había revelado que recibió presiones por parte de actores políticos.

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Días después nos enteramos, a través del diputado Dionicio Rodríguez Restituyo, de que se habían detectado “cosas terribles” durante la investigación, entre las que citó el hecho de que tres de los miembros del Pleno responden a dirigentes del PLD, señalando al senador Félix Bautista y al exministro Donald Guerrero, quien guarda prisión acusado de corrupción, entre otros delitos.

Ayer el vespertino El Nacional publicó en su portada declaraciones de otro miembro, el diputado de la Fuerza del Pueblo Rubén Maldonado, en las que el legislador “denuncia” que es el gobierno el que está detrás del juicio político al que se quiere someter a los miembros del órgano de control, con lo que se pretende castigar a las mujeres que integran el Pleno, que no han cometido ninguna falta grave.

Mas allá de lo que decida esa Comisión Especial me temo que esas “indiscreciones”, para llamarlas de algún modo, le restarán credibilidad a sus recomendaciones. Pero también confirman que el mal de fondo que explica tanto la actual como las recurrentes crisis que de manera cíclica sacuden a la Cámara de Cuentas es la política, y los turbios intereses que suelen acompañarla. Y de esa plaga, por desgracia, no parece que pueda librarse fácilmente.