Inequidad electoral y violencia económica

Inequidad electoral y violencia económica

Claudia Rita Abreu

Cada vez que en un medio de comunicación me preguntan por el tema de la Ley de Partidos Políticos o Régimen Electoral, y yo no me canso de decir, que la ciudadanía no ha creado una verdadera consciencia de cómo esta ley les afecta directamente.

Es muy común escuchar decir: “¡Ah! Eso es de los partidos”, así es, pero, para que tengan “reglamentos y regulaciones”, sin embargo, ¿A quiénes representan los partidos y a quienes gobiernan? A toda la ciudadanía, por ende, a todas las personas les afecta quienes llegan al Congreso Nacional, a las Alcaldías y a la Presidencia.

Desde el 2016 fui de quienes defendía la modalidad de Primarias Abiertas, pero SIMULTÁNEAS y OBLIGATORIAS para todos los partidos y movimientos políticos, ya que la simultaneidad y la obligación impediría que una persona que quisiera intervenir en otro partido, se lo pensara porque estaría dejando de votar por el suyo, perdiendo así la oportunidad de votar por quien quiere que gane el proceso.

Finalmente, en la ley que se proclamó en el 2019, entonces se hizo un hibrido de todo, es decir, los partidos pueden decidir si primarias abiertas o cerradas, método de encuestas o asamblea de delegados. Esto se mantiene vigente en la nueva Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

Puede leer: No a las Pruebas Nacionales: Sí a un nuevo enfoque de este instrumento

Pero, al final, lo más importante son los recursos y el financiamiento, y para esto, aunque la ley establece una serie de topes, los cuales, en el caso de los congresuales resulta, para mi, escandalosa, el control del gasto, terminan siendo ineficiente, y tales topes son irreales o hasta abusivos:

Presidenciales: Ciento veintidós pesos dominicanos con cincuenta centavos (RD$122.50) por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel nacional; [un aproximado a mil millones de pesos, pero se gasta mucho más de ahí]

Congresuales: Ciento cinco pesos dominicanos (RD$105.00) por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel de la provincia o circunscripción correspondiente; [un monto que llega a oscilar entre los 25 millones, hasta más de 100 millones en demarcaciones muy grandes]

Cuando los partidos no supieron cómo elegir representantes al Congreso Nacional en sus listas cerradas de una manera interna más democrática que el dedo, y esto se convirtió en una dinámica de abusos y falta de oportunidades para la militancia, entonces, la presión no pudo más que empezar con el voto preferencial para candidaturas congresuales, y por primera vez, en las elecciones pasadas, para las regidurías.

Con las listas, había una situación; el orden de aspirantes en dicha lista, y claro, según el espacio preferencial que ocupara una persona en los primeros puestos, cuando un partido tenía una proyección sobre cierto  porcentaje del electorado, a veces, quienes ocupaban las primeras posiciones del listado, no se esforzaban en la campaña de la misma manera que quienes estaban en los últimos lugares.

La experiencia que ha resultado de esta dinámica de “prueba y error” es que, lamentablemente las aperturas para una mejor democracia, terminan dejando más desafíos y secuelas que no necesariamente son las mejores. Y eso, es verdaderamente preocupante.

Ahora, la apertura y lo que se supone que debería ser el método más democrático, a derivado en dos cosas: Primero, en un elevado costo para las candidaturas desde las regidurías hasta las congresuales, cuando antes, el mayor gasto sólo se concentraba en las alcaldías, las senadurías y en la boleta presidencial (donde también ahora se ha incrementado mucho). Segundo, la calidad de quienes nos representan, en sentido general; se ha disminuido la condición política e intelectual de los individuos, se ha colado el narcotráfico, empresarios o creaciones (es decir, personajes que arman por conveniencia de grupos, pero que no tienen formación política ni marcada sensibilidad social).

Ahora, la violencia económica se hace sentir más, porque se asocia con la concentración del poder, los escasos o nulos mecanismos de transparencia de la información, como también, deficiencia o nula repartición justa de recursos u oportunidades de visibilización equitativa, de quienes participamos en la política.

Hoy, he de reconocer que la única vía  comprobable que garantice la paridad de género son las listas cerradas y estilo zebra, donde sean siempre en orden de hombre/mujer/mujer/hombre. Pero, esa será una lucha que empezará nuevamente en el 2025.

Método de Encuestas

Ni mejor, ni peor, si no, todo lo contrario. La realidad es que resulta innecesario, ante tanta desigualdad económica, cuando hay dos aspirantes a un mismo puesto y los resultados de las encuestas son abismalmente amplios, realizar unas primarias y gastar tantos recursos.

Ahora bien, tampoco estamos conscientes de cómo en realidad se manejará el tema de las encuestas para establecer las boletas de candidatos y candidatas para octubre, desde ahora, entiendo que debería de buscarse una alternativa que minimice los abusos, que transparente el sistema de encuestas, estableciendo métodos justos de los lugares de las muestras, entre otros. Debemos de permanecer en atención y ser observadores en todo momento.

Lamentablemente, hemos llegado como país, a una circunstancia, donde en cualquier método de elección, existe una amplia posibilidad de abuso, y eso, que verdaderamente el Tribunal Superior Electoral ha jugado un rol muy importante para evitar fraudes y chanchullos.

Participación de la Mujer

En la ley actual, las mujeres no tenemos cuota, la cuota es de género, lo cual, significa que no más de un 60% puede ser de un sexo, no importa si se trata de hombre o mujeres, con la salvedad que en lugares donde las plazas son pares, si se da una situación de paridad entre hombres y mujeres, la JCE puede fallar a favor, por la deuda histórica que tienen con nosotras, que hemos sido minoría en representación, gracias a una serie de obstáculos, a los cuales, nos hemos enfrentado.

En términos de desigualdad, las mujeres seguimos batallando, porque el problema de alta “Violencia Económica”, que aplican los partidos a lo interno, nos afecta en mayoría, y, por qué no decirlo, sectores de la sociedad y las empresas que apoyan económicamente más fácilmente a los hombres, cuestión a la que gran parte de la ciudadanía es indiferente.

Seguimos siendo minoría de aspirantes inscritas, en el caso del PRM me sorprendió que la tasa esté en menos de un 30%, según vi en las noticias. Me cuentan algunas colegas que les afectó la práctica de dicho partido, que pide un depósito de 100 mil pesos para inscribir pre-candidaturas. El PLD tiene poco más que un 36% de mujeres participando, no llegamos ni al 40%. No necesariamente, esto debe de afectar la boleta final, pero puede ser un inconveniente que los partidos deberán de resolver.

Un grupo de mujeres políticas de seis partidos, sometimos una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 142 de la Ley 20-23, para que la cuota de género sea por demarcación y no, nacional como dice el artículo en cuestión. Ya esta acción fue declarada de urgencia ante el TC. Mientras, la JCE sacó un reglamento que beneficia la cuota de género a nivel de elección local.

Me consta, que se han hecho esfuerzos por parte de la JCE para tener una ley electoral garantista de paridad, pero muere en el Congreso Nacional.

Regular mejor el acceso a los medios, la visibilidad, el tema del financiamiento, sigue siendo una zona oscura, la cual, afecta nuestra democracia, afecta el acceso y el desarrollo de hombres y mujeres valiosas que hacen vida política.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas