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Alto riesgo para esta sociedad entrañaría seguir validándole a la Policía la supuesta condición de entidad con fe pública después que por decenios (y casi por toda su existencia) sus versiones sobre duelos a tiros limpios con civiles contradecían frecuentemente comprobaciones oficiosas, a testigos ocultares que emergían asustados desde callejones e indicios serios y concluyentes de que en importante número de casos se trató de asesinatos a veces con personas reducidas a la obediencia. En el historial de los llamados «intercambios de disparos» aparecerían certificadas por respetables patólogos forenses muchas heridas causadas por la espalda y cadáveres con manos esposadas desde antes de ser difuntos. Engaños impunes si realmente existe seguridad jurídica y la pena de muerte va a seguir sin aparecer en los códigos.
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En posesión de una ilegal facultad a la última palabra sobre actos sangrientos de sus miembros, la Policía escapa permanentemente al escrutinio exógeno o al que corresponde a las judializaciones que deben ser automáticas pero que solo emergen cuando la sociedad se escandaliza o se despide a los muertos con entierros de primera. Trágicas omisiones reforzadas a veces por alguna prensa que se atreve a describir acciones policiales mortales con fidelidad a sus boletines pero como si los reporteros hubieran estado presentes. Sin el obligado tratamiento neutral de unos procederes de la autoridad que no pueden pasar de supuestos hasta que una instancia superior se pronuncie.
