Existe un amplio consenso sobre los efectos que produce la disponibilidad y calidad de la infraestructura económica y su papel en el crecimiento económico y la competitividad de un país.

De igual manera, múltiples trabajos han puesto de manifiesto sus efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y mejora en la distribución del ingreso.

Una infraestructura sólida constituye un soporte fundamental para el crecimiento económico a largo plazo. Carreteras, puentes, sistemas de transporte público, redes de comunicación, acueductos, redes eléctricas y otros proyectos de infraestructura mejoran la eficiencia y la conectividad; lo que, a su vez, facilita el comercio, reduce los costos de transporte y fomenta la inversión. La inversión en infraestructura es un generador fundamental de desarrollo.

Es sabido que, el gasto de capital puede tener un efecto estabilizador en la economía durante periodos de desaceleración económica, como es el caso de la República Dominicana en este momento. Cuando el sector privado desacelera la inversión debido a la incertidumbre, lo que se aconseja es que el Gobierno aumente el esfuerzo inversor a través de proyectos de infraestructura y otros gastos de capital, para mantener la actividad económica y mitigar los efectos de la recesión.

El gasto de capital gubernamental actúa como un catalizador para la inversión privada, la arrastra; pues la inversión pública genera oportunidades para las empresas privadas, así como empleos relacionados con la construcción. Eso contribuye a beneficiar a muchos sectores, puede estimular la actividad económica y reducir el desempleo.

Hace algunos años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un documento orientado a cuantificar la brecha de infraestructura existente en la región, estableció la necesidad de invertir anualmente en torno al 5.2% del PIB regional para dar respuesta a las necesidades que surgirían de las empresas y los consumidores de la región, entre los años 2006 y 2020; mientras que, si lo que se aspiraba era alcanzar los niveles de infraestructura per cápita de un conjunto de países del sudeste asiático, el nivel de inversión requerido para igual periodo ascenderían al 7.9% del PIB.

Si observamos los niveles de inversión que se han producido en la región latinoamericana y caribeña hemos de concluir que, en los últimos años, eso no ha ocurrido; y que, por el contrario, lo que se ha observado es una tendencia a la baja.

En consonancia con lo anterior, un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estableció que para los años comprendidos ente 2012–2016, América LATINA y el Caribe mantenía brechas de inversión total equivalentes al 4% del producto interno bruto (PIB) respecto a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), región que ha logrado combinar exitosamente altas tasas de inversión y crecimiento económico.

La conclusión lógica Inversión pública y el desarrollo de infraestructuras han quedado atrás.