JCE rechaza propaganda encuarteles militares

JCE rechaza propaganda encuarteles militares

Alertó, además, que se mantendrá vigilante para preservar la integridad electoral y el respeto a reglas rigen la campaña electoral.

La Junta Central Electoral (JCE) externó ayer su más profundo y contundente rechazo al acto acontecido el domingo 14, en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua, en el cual fue captado en fotografías y reseñado por medios de comunicación, el ingreso de vehículos, conteniendo propaganda política.

La JCE, a través de un comunicado, precisa que se pronunciaba al respecto en su rol de máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales en la República Dominicana.
El órgano electoral estableció que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son apartidistas.

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Agregó que la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece en su artículo 167: “Prohibición a militares y funcionarios electorales. En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral”.

La JCE precisó, además, que las Fuerzas Armadas están sujetas “al orden constitucional y legal vigente y, por consiguiente, las mismas deben cumplir su rol y permanecer al margen de toda actividad política”.

La JCE exhorta a las más altas dirigencias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencias de tipo político en los cuarteles y demás instalaciones militares.

Además, exhortó a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, evitar que actos como este se produzcan. Un llamado similar realizó a los funcionarios/as designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, “a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos permitidos que realizan las instituciones a las que pertenecen y los recursos y bienes del Estado para beneficiar o generar ventajas de candidaturas”.

Alerto, además, ese órgano electoral se mantendrá vigilante en procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña electoral.

Sede de la Junta Central Electoral.