Procuradora fiscal de La Vega afirma que “mientras más altos es el perfil del imputado, más difícil se hacen los trámites de la investigación” con los jueces

Jueces de jurisdicciones de pueblos le crearían dificultades al Ministerio Público en investigación de casos importantes que involucran a personas de renombre, como habría sido el de la diputada por La Vega Rosa Amalia Pilarte, y el del pelotero de grandes ligas Wander Franco.

En el caso de la diputada sometida a la justicia por supuesto lavado de activos producto del narcotráfico, fue la propia fiscal de La Vega, Aura Luz García, quien contó a Nuria Piera los supuestos obstáculos que tuvieron que sortear en los tribunales de allí los fiscales que participaron en la investigación de la red que alegadamente dirige el esposo de la legisladora, Micky López.

Dijo que las dificultades fueron tantas que en junio de 2021 el MP solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la declinatoria del caso a otra jurisdicción “donde a los imputados) se le haga mucho más difícil comprar a jueces”.

Citó entre las dificultades que confrontaron los fiscales encabezados por ella, los numerosos aplazamientos sin justificación, e inhibición de jueces durante el proceso seguido a la diputada, su esposo, y otros miembros de la supuesta red ya condenados.

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Refirió que la primera jueza, después que decidió la medida de coerción a los principales imputados y rechazó declarar el caso complejo, se inhibió porque su esposo había estudiado con la diputada Pilarte.

Agregó que esa inhibición la dejó sin juez ante quien hacer las solicitudes del caso, hasta que la corte designó un nuevo juez que también se inhibió y la Corte acogió su inhibición.

“Recurrimos esa decisión (respecto del segundo juez que se inhibió), y también el juez (de la Corte) se inhibió”, resaltó e indicó que todo eso ocurrió en el transcurso de los tres meses que el MP tenía para concluir la investigación.

También la SCJ

García agregó que a esa cadena de inconvenientes se sumó el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a su solicitud de declinatoria del caso a la capital por seguridad jurídica.

Explicó que el detonante para solicitar la declinatoria, “fue cuando el juez decidió la extinción de la acción penal de las empresas imputadas en el proceso” sin que todavía a las mismas se les hubiera solicitado medida de coerción.

“Cuando recibimos la notificación de ese rechazo fue como un balde de agua fría, porque procesalmente no entendíamos lo que ocurría, porque antes de la extinción tiene que mediar una intimación al Ministerio Público para que decida si presenta o no acusación, y eso no ocurrió”.

De acuerdo con la fiscal de La Vega en el caso también confrontaron mucha dificultad con las entidades bancarias que al inicio de la investigación se resistían a entregar los reportes solicitados.

“Hubo mucha insistencia para que la mandaran y cuando la mandaban siempre faltaba algo, o faltaba un banco, y eso nos consumió mucha energía…”, puntualizó.

Caso pelotero

Una situación similar con jueces de provincias estaría enfrentado el MP con el caso del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, sobre el cual hay una investigación por su supuesta relación con dos menores, residentes en el Sur, y del Cibao, hoy adolescentes. Según algunas fuentes tribunales de ambas regiones evitan emitir orden de arresto contra el jugador de los Tampa Bay Ray, y de las madres de las supuestas víctimas, una de las cuales habría estado solicitándole altas sumas de dinero que él habría accedido a enviarle, de lo cual se tiene constancia escrita.

El MP también estaría confrontando problemas para obtener certificación sobre productos financieros del jugador dominicano. La querella contra Franco la hizo la supuesta víctima residente en la región del Cibao y luego la abandonó, por lo que el MP la asumió por tratarse de un supuesto hecho con menores de edad.