El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, envió ayer a la cárcel a ocho de los 10 arrestados por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario, como medida de coerción preventiva.

A los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y al diputado Alfredo Pacheco les impuso una fianza de RD$5 millones como garantía económica, e impedimento de salida del país.

A Najayo. A este centro de corrección y rehabilitación (CCR) ubicado en San Cristóbal fueron enviados por seis meses el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; el exsenador Andrés Bautista, presidente del Partido revolucionario Moderno (PRM), y el exdiputado Ruddy González.

Allí estarán también por un período de 9 meses el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pittaluga, y por tres meses César Sánchez, exadministrador de la CDE, y Máximo D´Oleo Ramírez, exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID).

A La Victoria. A la Penitenciaría Nacional de La Victoria, cárcel del viejo modelo, fue enviado por un año Ángel Rondón, supuesta cabeza en RD del entramado de sobornos pagados por el consorcio brasileño a funcionarios y legisladores.

Hogar por cárcel. El magistrado Ortega dispuso arresto domiciliario por 9 meses al exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE Radhamés Segura, y al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez.

Estos tres tipos de medidas preventivas fueron aplicados por el juez en atención a lo establecido en los artículos 227, numeral 7 ; y 226, numerales primero, segundo y sexto, del Código procesal penal (CPP).

Plazos. El juez de la instrucción además otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir su proceso preparatorio, tal y como señala el artículo 370 del CPP.

A los imputados les advirtió que tienen un plazo de 20 días a partir de la notificación de esta decisión, a fin de que los que estén en desacuerdo con ella la apelen.

Caso complejo. También declaró complejo el proceso, y rechazó todas las excepciones e incidentes presentados por la defensa de los imputados, por “improcedentes, mal fundados y carentes de base legal”.

Imputaciones. Con estas decisiones, el juez Ortega acogió como buena y válida, en cuanto al fondo, la solicitud de medida de coerción del procurador general, Jean Rodríguez, contra los 14 imputados en el caso Odebrecht, entre los que figura además Bernardo Castellanos de Mota, cuyo expediente fue desglosado por este encontrarse en Panamá.

El proceso de instrucción contra los acusados es por presunta violación de las disposiciones contenidas en los artículos 146 de la Constitución; 123, 124, 125, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; 3, 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y otras infracciones graves; y 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Abogados reaccionan. La defensa de Rondón, encabezada por Juan Antonio Delgado (Tony) afirmó que el juez no tenía por qué incurrir en una medida tan extrema, sino dejar en libertad a todos los imputados.

Recordó que en el 2003 aquí hubo una crisis bancaria y todos los procesados fueron juzgados en libertad, y los que al final fueron condenados, fueron a cumplir su condena.

Se preguntó por qué la justicia dominicana tiene que militar con un populismo censurable que desdice de la buena administración judicial, y no actuar conforme a la ley.

“El juez solo puede estar vinculado al derecho y no tener miedo a presiones sociales, a presiones mediáticas”, dijo, al tiempo de informar que apelarán el fallo.

También los abogados de Pacheco, Napoleón Estévez y Jhonatan Peralta, dijeron que la decisión del juez fue “desproporcionada” no solamente respecto de su defendido sino de otros que han demostrado que no se sustraerán del proceso.

En cambio, Abel Rodríguez del Orbe, abogado de Díaz Rúa, guardó silencio.

Senadores conservadores. Valentín, de su lado, afirmó que él es respetuoso de las decisiones de las autoridades judiciales, pero aclaró que su parecer “no ata en nada la determinación que pueda adoptar mi abogado, el doctor Jorge Luis Polanco y el equipo técnico que le acompaña en este proceso, y que tendrá la última palabra.

Mientras que Galán dijo que junto con su abogado, Guarionex Ventura, esperará las motivaciones del juez para emitir su dictamen, y entonces ver lo que harán.