Valverde. Un juez del Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial favoreció a un catedrático universitario que está acusado de asesinar a su exesposa en el año 2010, al variarle la medida de coerción por una garantía económica de RD$500 mil en efectivo, prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.

El magistrado Joel de Jesús Rodríguez Reyes decidió el martes cambiarle la medida al educador Manuel Rodríguez Bonilla, implicado en la muerte de su expareja, la contadora pública, Yasmín Valdez, ocurrida el día 25 de mayo del año 2010 en el residencial Carol Gissel, de esta ciudad.

Según los informes, por la muerte violenta de la fémina, los familiares de la víctima reiteran el señalamiento del catedrático Rodríguez Bonilla, como el responsable de haber cometido el crimen. El catedrático guardaba prisión preventiva desde hace un año y tres meses en la cárcel modelo de Mao.

Dijeron que el juez no debió dictar prisión domiciliaria a un hombre que desde hace diez años no tiene domicilio, y que este luego de supuestamente asesinar a su pariente, huyó del municipio de Mao.

El abogado Bienvenido Hilario (Bienchy), quien forma parte de la barra de la defensa del educador universitario, Manuel Rodríguez Bonilla, destacó que “entendemos que la justicia en esta ocasión estuvo en mano de un juez realmente probo, quien en base a los conocimientos que tienes y la preparación como juez, pudo dar una decisión atinada”.

Hilario dijo que su defendido Manuel Antonio Rodríguez Bonilla, debió de estar sin ninguna medida de coerción desde un principio, participando junto al Ministerio Público en la persecución de los verdaderos culpables del crimen.

En ese sentido, indicó que el juez valoró, no solo las condiciones propias de la pandemia que azota el mundo, sino que al imputado se les estaban vulnerando sus derechos a la salud en el recinto carcelario, lo que, a su juicio, fue comprobado, por el juez.

Sostuvo que el juez también pudo comprobar que, a Manuel Antonio Rodríguez Bonilla, no se le estaba dando la atención debida en el penal que la Constitución resguarda, tanto la presunción de inocencia como el derecho a la salud.

Indicó que el Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva para el imputado, y que este lleva un año y tres meses privado de su libertad, ante un hecho que tiene y tendrá que ser conocido en el tribunal.