Francisco Calderón Hernández 
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte, condenaron a 30 años de prisión a Marlón Martínez, 5 años de prisión a su madre Marlín Martínez y al pago de 20 millones de pesos de indemnización a favor de los familiares de Emely Peguero. El Segundo Tribunal Colegiado, presidido por la jueza María de los Ángeles Concepción e integrado por los magistrados Víctor Inoa y Arelis Camacho C´{aceres, en las motivaciones en torno a la acusación contra Marlon Martínez, expresa la existencia de pruebas contundentes y fehacientes de su participación directa en el hecho de sangre. Hoy/Fuente Externa 7/11/18
Marlin Martínez quedó en libertad ayer al mediodía luego de que la juez de primera instancia acogiera un recurso constitucional de hábeas corpus al estimar que estaba en prisión ilegal, por haber cumplido la pena de 2 años impuesta por la Cámara Penal de la Corte de Apelación.
La magistrada Carminia Caminero Sosa dijo que en el caso fue comprobado que la mujer fue sentenciada a una pena que ha cumplido, y señaló que aunque exista un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia pendiente de fallo, no es suspensivo de la decisión de la corte, por lo cual ordenó su libertad.
Martínez guardaba prisión en la cárcel Rafey, de Santiago, acusada de ocultar el cadáver de la adolescente embarazada Emely Peguero, crimen por el cual su hijo, Marlon Martínez, cumple una condena de 30 años de prisión.
La decisión del tribunal ordena a la procuradora fiscal, Smaily Rodríguez, y al procurador de la corte, José María Segura Mota la puesta en libertad de inmediato de la señora Martínez, so pena de desacato.
Tanto el abogado de la familia de la víctima, José Martínez Hopelman, como el Ministerio Público habían solicitado el rechazo del recurso de hábeas corpus, estimaron que no procedía en virtud de la existencia de un recurso de casación.
Argumentaron que al existir ese recurso pendiente es desconocido si el tribunal de alzada variará la pena de dos años impuesta por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís e impondrá la de los cinco años que le fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte.
