Loyda Peña 
La falta de un representante del Ministerio de Salud Pública “con mandato suficiente”, motivó ayer la posposición del inicio del juicio de fondo contra la venezolana Karla María Moya Boada, acusada de ejercer de manera ilegal en el país como médico.
La magistrada Giselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, convocó a las partes para el 14 de agosto en curso, a los fines de dar tiempo a que el Ministerio de Salud “regularice” el poder de representación que fue aportado al tribunal, y comparezca un representante de la institución “con mandato suficiente para actual en el juicio asumiendo la personalidad jurídica como querellante y actor civil”.
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Dos querellas de una
El abogado Pablo José Viloria, quien representó al Ministerio de Salud en la audiencia, explicó que el inconveniente surgió porque la querella de la institución contiene una parte “otra querella en constitución en actor civil, en la que está pidiendo una indemnización de RD$5 millones en reparación por daños y perjuicios”.
Eso, al margen de las sanciones penales por violación a la Ley 42-01, artículo 156, numeral 7, que es una acción criminal que conlleva pena de 2 a 10 años, dijo el abogado a su salida de la frustrada audiencia.
