Como me consta que todos y cada uno de los dirigentes políticos que suscriben el documento depositado en la JCE por los partidos de oposición tienen experiencia y conocimiento en materia electoral, puedo afirmar que están perfectamente conscientes de que ese pliego de demandas, depositado nueve días antes (y descontando) de las elecciones del 19 de mayo, es materialmente imposible de satisfacer, por lo que resulta inevitable concluir que el único propósito de esos reclamos es colocar un obstáculo al proceso para tratar de deslegitimar sus resultados y justificar la derrota.

Una jugada en extremo peligrosa con la que la oposición, que sabe sumar dos más dos y hacer sus propias encuestas, ha estado coqueteando desde que la JCE dio el banderazo que inició la campaña electoral, lo que ha permitido a la opinión pública leer desde el principio sus intenciones, que evidentemente no son buenas para la democracia.

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Ayer Participación Ciudadana los exhortó a presentar sus denuncias ante el fiscal electoral, instancia a la que según Erick Hernández Machado, coordinador del movimiento cívico no partidista, es a la que corresponde conocerlas ya que se trata de quejas sobre posibles delitos electorales en las elecciones municipales de febrero. Y a donde deberían llevar también, agrego yo, las pruebas del “pésimo desempeño” de los 1,510 presidentes y secretarios de Juntas Electorales que piden reemplazar como quien cambia el mantel de una mesa, así como de la parcialidad por la que piden que sea destituido el director de la Policía Militar Electoral.

Todo indica, porque ahí están las señales, que la oposición está dispuesta a pasar del pataleo anticipado, de las denuncias sin pruebas acompañadas de un coro de plañideras, a un intento claro y dirigido de torpedear el proceso electoral y su feliz culminación, sin importar quién haya ganado o quién haya perdido. Toca a la JCE poner las cosas en su lugar, que solo puede ser el que indican las leyes electorales y la Constitución.