Pancho Alvarez resalta “cantidad y calidad” de las pruebas del MP. Asimismo, alerta al Congreso sobre aporte de Gómez Díaz a campañas políticas, y pide MP investigue

Después de la caja de Pandora que abrió Raúl Alejandro Girón, imputado en el caso Coral, al revelar públicamente cómo funcionaba la telaraña de la corrupción bajo el mando de generales y coroneles, cada día son más los encartados en procesos similares que optan por acuerdos con el Ministerio Público, a cambio de flexibilidad en las penas.

El más reciente, y que le ha puesto la tapa al pomo, es el del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE) Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo, quien sin tapujos, admitió haber recibido RD$50 millones de parte del empresario Gómez Díaz, para campaña; y $10 millones que le entregó Kelvin Santiago, “en un momento de crisis económica” que él tenía.

Sin embargo, el exfuncionario asegura que no se benefició de los negocios de Alexis, principal imputado en el caso Antipulpo.

¿Hasta qué punto comprometen los acuerdos y declaraciones de Pagán y de otro imputado la responsabilidad penal e incidirían en una condena para Alexis?

En opinión del jurista Francisco (Pancho) Alvarez, aun cuando desde la percepción pública las declaraciones de Pagán y de otros que han llegado a acuerdos son vistas por la ciudadanía como una prueba de culpabilidad de Alexis, por sí solas no serían suficientes para condenarlo.

Dijo que para esos acuerdos poder constituirse en un factor determinante a la hora del juez dictar sentencia condenatoria contra el hermano del expresidente Danilo Medina, necesariamente tienen que ser corroborados por otras pruebas.

No obstante, consideró “razonable” que entre sus estrategias Alexis también contemple llegar a un acuerdo “declarándose culpable y reduciendo la pena que le correspondería en un juicio de fondo, “dada la cantidad y la calidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en su contra”.

Sobre Gómez Díaz

El abogado penalista dice que la mención del empresario Gómez Díaz como financista de campaña en el caso Antipulpo, vuelve a alertar sobre el proyecto de Ley Electoral que cursa en el Congreso, sobre todo, los topes de contribución y de gastos en las campañas, los cuales son burlados con maniobras de hacer varios cheques, como dijo el exdirector de la OISOE, le hizo el empresario.

“Entiendo que esta revelación obliga al Ministerio Pùblico a realizar una investigación de las relaciones entre el señor Gómez Díaz y sus empresas con el Estado Dominicano”, precisó Pancho Alvarez en declaraciones para Hoy.

Antipulpo, Medusa y Odebrecht

De acuerdo con el MP, en el caso Antipulpo se utilizó el movimiento político denominado “Tornado Fuerzas Vivas” em una triangulación para desviar fondos obtenidos ilícitamente al poder político.

Lo mismo se hizo en el caso Medusa, en el que el MP le atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez desviar fondos público para un movimiento político denominado “Renovación”.

En el caso Odechret se recuerda que el entonces imputado Temístocles Montás admitió haber recibido RS$33 millones para campaña política.