Cuando el 4to. Juzgado de Instrucción revirtió la decisión al archivo definitivo del expediente relativo a Andrés Dauhajre, desmontó, tanto el favor del poder político como la reiterada vocación de una franja de la sociedad que nunca el brazo de la justicia los alcanza.
Es decir, en segmentos medios y bajos del cuerpo social nuestro existen razones para sospechar de una justa aplicación de la ley porque sienten que sus derechos y todo el régimen de garantías no actúan de manera similar con todos los ciudadanos.
Ahora, que el día 3 de noviembre la Corte de Apelación del D.N. será el escenario donde se determinará la suerte de un proceso legal, caracterizado por una montaña de documentos y delación referentes al pago de sobornos de Odebrecht que asfaltaron el camino de adquisiciones inmobiliarias en la ciudad de New York, podrían los apologistas y arquitectos de tecnicismos jurídicos, creer que el único escenario de validación se reduce a los tribunales, excluyendo la observación y sed de que el tránsito hacia una verdadera institucionalidad descanse en radiar del espíritu de administrar justicia una fatal tradición de no medir a todos con la misma vara de legalidad.
Es innegable que los tribunales están llamados a dictar fallos alrededor de reglas apegadas al debido proceso. Ahora bien, la noción de una “justicia exquisita” anda de manos con el convencimiento de que, el poder financiero y político, subestiman la capacidad de intuición de amplios núcleos y tienden a generar todo un activismo interesado en deformar decisiones.
Los tribunales podrán dictar decisiones, pero el fenómeno de la justicia trasciende las fronteras de la formalidad legal. Básicamente porque el combate a la corrupción y fenómenos deformadores del sistema institucional exhiben un respiro en la medida que herramientas jurídicas amparan al ejército de gente que sienten en cualquier vericueto de la ley, la salida genial para protegerse.
Cuando las Madres de la Plaza de Mayo salieron a proceder legalmente contra los militares que la despojaron de sus hijos, sabían esencialmente la protección formal que amparaban aquellos excesos. El 16 de octubre de 1998, las autoridades inglesas detenían a Pinochet ante una orden del magistrado Garzón.
Jhonny Abbes García, nunca sintió la persecución de la mano de la justicia, aunque desde las oficinas del SIM se derramaba toda la sangre de la disidencia a una dictadura. El mundo cambia, y lo impostergable, es derrotar la sed de perpetuación de una justicia exquisita que castiga los débiles y excepcionalmente sanciona los poderosos.
Ahora el día 3 de noviembre la Corte de Apelación del DN será escenario
El fenómeno de la justicia trasciende las fronteras de la formalidad legal
Fatal tradición de no medir a todos con la misma vara de legalidad.