La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, se acogió este viernes a su derecho a no declarar en un interrogatorio que forma parte de la investigación que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realiza sobre su patrimonio.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, indicó a la prensa tras la comparecencia de Taveras que la ministra fue citada este viernes para que diera testimonio sobre los bienes de los que informó en su declaración jurada y sobre la relación de sus empresas con el Estado, pero “hizo uso de su derecho constitucional a no declarar».

Taveras, que permaneció en las dependencias de la Fiscalía por más de dos horas, acompañada por sus abogados, “decidió no explicar» el origen de su patrimonio, apuntó el fiscal, que recordó que la investigación permanece abierta.

En este sentido, dijo que el Ministerio Público volverá a llamar a declarar a la ministra si lo considera oportuno y realizará las diligencias necesarias para determinar si cumplió con lo establecido por la ley en materia de declaraciones juradas, señaló Camacho.

La ministra, que lleva en el cargo desde agosto, no hizo declaraciones al abandonar la Fiscalía, pero uno de sus abogados dijo que compareció “de manera grata ante las autoridades correspondientes, cumpliendo con el requerimiento procesal” que investiga el origen de su patrimonio y la relación de sus empresas con el Estado.

El representante legal de Taveras afirmó que no existe ninguna “falsedad de información ni de ningún tipo de violación penal que pueda involucrar a la ministra». “Hemos sido coherentes con la declaración jurada (de bienes) que se ha hecho y hemos ofrecido documentación que avale lo que hemos declarado”, apuntó el letrado, que agradeció el interés de la prensa por el caso y se comprometió a informar sobre el proceso.

La ministra solicitó el pasado lunes una licencia del cargo, sin percibir salario, para facilitar la investigación y con el objetivo declarado de “defender su honor” en calidad de ciudadana, decisión anunciada horas después de que la Pepca informara sobre la apertura de la investigación. Previamente, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado de la ministra y, del mismo modo, abrió una investigación.

Al asumir el cargo, la titular de la cartera de Juventud dijo poseer un patrimonio de 74 millones de pesos (1,27 millones de dólares) en la declaración jurada que presentó a la Cámara de Cuentas. La DGCP confirmó que Taveras figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora, además de poseedora del 75 % de sus acciones.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.