Las graves imputaciones formuladas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que investigó largamente las actuaciones del pleno de la Cámara de Cuentas, deberían ser suficientes para llevar a juicio político ante el Senado a los miembros del colegiado, quienes han sido calificados en principio de violadores de la Constitución. Pero, nuevamente la oposición coloca el interés partidario por encima de la institucionalidad y pretende dejar sin sanción situaciones ostensibles investigadas, incluso, por el Ministerio Público. Según los diputados comisionados, los cargos que enfrentan los integrantes del organismo fiscalizador, Janel Andrés Ramírez, presidente, la Vice Elsa María Catano Ramírez y los miembros Tomasina Tolentino de Mackenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, están contemplados en los artículos 39, 69, 146 y 250, de la Carta Magna.

Se refieren al artículo 39 que establece el Derecho a la Igualdad, al 69 numeral 10, el cual dispone que todas las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, al 146 que proscribe la corrupción y obliga a sancionar toda persona que sustraiga fondos públicos y el 250 que reglamenta las atribuciones de la propia Cámara de Cuentas.

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Añádase supuestas violaciones a las leyes de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Reglamento Interno de la Cámara de Cuentas, así como un sinnúmero de auditorías ilegalmente archivadas para ocultar gestiones de periodos anteriores. El propio presidente de la CC, Ramírez, enfrenta cargos de acoso sexual en el trabajo.

Tales imputaciones deberían ser suficientes para el juicio político ante el Senado que propugna el oficialista PRM, pero las bancadas legislativas opositoras del PLD y la FUPU no quieren, bajo el risibley pueril argumento de que el gobierno pretende ocultar su corruptela de la eventual derrota electoral del próximo año.

Hoy la Cámara de Diputados abordará el informe de la comisión especial. Al parecer, el PRM no cuenta con la mayoría calificada de dos tercios de los legisladores para aprobar la remisión a Juicio Político, pero, sino resulta, quedará patente la falta de visión que afecta a la oposición para el poder institucionalizado, el que se apoya sobre instituciones permanentes que superan las veleidades personales y de grupos en la vida de la sociedad política, que es la República Dominicana.