Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó de que la “ley contra el odio” aprobada en Venezuela puede “impedir de forma severa” el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y “generar un fuerte efecto intimidatorio» incompatible con una sociedad democrática.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación por la aprobación de esa ley, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela.

La denominada “ley contra el odio” establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, denunció la Relatoría.

La ley contempla penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones contrarias al Gobierno al afectar a la oposición política, la protesta ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales.

Varios aspectos de la ley resultan particularmente “alarmantes» para la Relatoría, entre ellos “el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público».

También “la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público”, e igualmente “la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos».

Por todo ello, la Relatoría Especial de la CIDH cree fundamental que las autoridades “dejen sin efecto” la ley y promuevan “una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia».

La Relatoría pide, además, rectificar los aspectos de la ley “que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela».

En una entrevista con Efe en Washington, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, consideró este jueves “alarmante” la “ley contra el odio” y alertó que “tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país».

La ley fija “tipos penales absolutamente abiertos, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario”, advirtió Lanza.

La iniciativa, cuyo nombre completo es “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, ha sido rechazada por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, al considerar que busca sembrar miedo en los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha pedido este año tres veces al Gobierno de Venezuela que le permita hacer una visita al país para analizar la situación de derechos humanos, solicitud que ha sido rechazada.