El actual sistema de salud y seguridad social somete a la población a la desprotección, contrario a la naturaleza del Estado social y democrático y a los Derechos Fundamentales consignados en la Constitución dominicana. Sin embargo, las ARS y AFP han consumido ya más de 100 mil millones de pesos en utilidades netas y gastos de funcionamiento, que salen de los recursos de la sociedad dominicana.

Los datos muestran que el modelo impuesto a partir de 2001 responde a los intereses de las empresas financieras ARS y AFP. Se basa en las premisas fracasadas de la ideología neoliberal. Es mercantilista y privatizador, mientras precariza la protección social de los dominicanos. Todos sus mitos (que los servicios públicos se iban a financiar, que el gasto de bolsillo disminuiría, que la administración privada y la competencia traerían calidad y que cada quién “va a ser dueño de su dinero”) se han desplomado por el piso.

Aunque en nuestro país el gasto en salud equivale a más del 6% del PIB, esos recursos no van a satisfacer las necesidades y derechos de la ciudadanía. Tanto es así que, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil y materna ocupan el segundo y sexto lugar, respectivamente, entre las peores tasas de América Latina y el Caribe.

En materia de salud es evidente el retiro del Estado como garante efectivo de derechos, reduciendo cada vez más el financiamiento directo a servicios de salud, mientras se transfieren más recursos a los entes privados, incluso a través del “seguro subsidiado” que se financia con impuestos generales.

Las coberturas pobres o insuficientes hacen que los dominicanos estén pagando 5 veces por una salud precaria y meramente curativa, cargando en sus espaldas casi la mitad del gasto. La salud se compra y se vende, se segrega según el ingreso y la clase social, la condición personal y otras aberraciones. Cada dominicano y dominicana, y sus familias, están sometidos a un “paquete de cobertura” que niega el Derecho Fundamental a la salud integral y digna.

Asimismo, aunque los fondos de pensiones ahorrados con el esfuerzo de empleados y empleadores alcanzan prácticamente el 15% del PIB, se ha verificado cómo se niegan pensiones de discapacidad y sobrevivencia. A la vez, se proyectan las peores pensiones de América Latina. Más del 70% de los dominicanos que aun con empleo formal no ganan más de 24 mil pesos, están condenados a pensionarse (en caso de que lo logren) con menos de 6,000 pesos mensuales. La inmensa mayoría, más allá de la formalidad o informalidad de su empleo, nunca verá un peso o solo migajas.

Frente a esto se lanza todo tipo de excusas y se propone toda clase de parches, pero lo mismo ocurre en Chile, Colombia, México o El Salvador. Es necesaria y urgente una discusión auténticamente democrática, transparente y fundamentada, que apunte a una reforma estructural, recuperando el carácter solidario y garantista de derechos que debe tener un sistema de verdadera seguridad social, abocado a proveer servicios de salud, seguridad laboral y previsión dignas, universales y de calidad.

Por último, vale decir que quienes controlan y administran el modelo se niegan a una reforma verdadera, cuando en la gran mayoría de los países donde se implantó lo han desmontado o están en vías de hacerlo. La crisis que ha ocurrido en Chile denota que el mismo no solo es incapaz de ofrecer verdadera protección a la salud y la previsión social, sino que también trae consigo crisis sociales y políticas de envergadura, arriesgando el bienestar y la paz social.