La reciente absolución de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, las dos únicas figuras condenadas por el caso Odebrecht en la República Dominicana, pone en evidencia un problema profundo en la lucha contra la corrupción en el país.

La decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no sólo cierra un capítulo importante en el mayor escándalo de corrupción de América Latina, sino que también lanza una dura advertencia sobre las deficiencias estructurales de nuestro sistema judicial.

El fallo de la Suprema Corte destaca una verdad inquietante: sin pruebas contundentes y bien fundamentadas, la justicia se ve obligada a liberar a los acusados, independientemente de la gravedad de las acusaciones en su contra.

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En este caso, la falta de evidencia suficiente para mantener las condenas contra Díaz Rúa y Rondón revela fallas significativas en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. La exhortación de los jueces a realizar investigaciones exhaustivas y bien fundamentadas es un llamado urgente a reformar los métodos actuales de investigación en casos de corrupción.

Este no es un problema aislado. El caso Odebrecht se suma a otros escándalos emblemáticos como los de Súper Tucano y Los Tres Brazos que también se han visto frustrados por la falta de pruebas concretas, lo que ha resultado en la extinción de los procesos judiciales.

Estas situaciones demuestran una tendencia preocupante en la que los casos de corrupción se desploman en los tribunales, dejando a la ciudadanía con la amarga sensación de que la impunidad prevalece.

La decisión de la Suprema Corte pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal, procesal y técnica urgente para mejorar la capacidad del sistema judicial de sancionar efectivamente a los responsables de la corrupción.

La corrupción no sólo roba recursos al Estado, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones y perpetúa la desigualdad. No podemos permitir que fallos como este se conviertan en la norma.

Es fundamental que el Ministerio Público tome en serio la exhortación de los jueces y comience a trabajar en investigaciones más rigurosas y transparentes. Sólo así podremos garantizar que aquellos que traicionan la confianza pública rindan cuentas ante la justicia. De lo contrario, seguiremos viendo cómo la impunidad triunfa, mientras los verdaderos culpables continúan operando con total libertad.

La lucha contra la corrupción en la República Dominicana necesita un cambio profundo y sostenido. Este fallo debe servir como un llamado a la acción para todos los que desean ver un país más justo y equitativo. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma; es hora de construir un sistema judicial que realmente funcione para todos.