«La protección y conservación de las áreas protegidas de un país tiene como propósito mucho más que la simple contemplación de los paisajes que ellas contienen. En el caso dominicano, particularmente, las áreas protegidas son los principales sistemas de generación del agua que necesita el país para sostener su seguridad alimentaria, pues en los ríos y sistemas de acuíferos que nacen de los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, por ejemplo, no sería posible la irrigación de los campos agrícolas del Cibao, el Valle de San Juan, el Valle de Neiba y la Línea Noroeste. Lo mismo ocurre con la Reserva Científica de Ebano Verde y el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier cuyos bosques alimentan de agua a los ríos Camú y Yuna, de los cuales depende la producción arrocera del Valle del Yuna…»

«Otras áreas protegidas, como el Parque Nacional del Este, el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional de Bahoruco, además de ser ecosistemas singulares, únicos en el planeta, ofrecen servicios ambientales que ya están sirviendo de base para el desarrollo de la industria turística y, por lo tanto, deben ser conservados y manejados como tales para que el empleo y la riqueza que ellos generen se transmita y se acreciente de una generación a otra de manera sostenible.»

Estas no son palabras mías. Son palabras del Presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, extraídas de la carta con que remitió el Proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados el 20 de agosto del 2002.

Este proyecto de ley tiene en el congreso ya un año y cinco meses, y no se ha conocido por una causa que todos debemos saber: está bajo acecho para modificarlo, desproteger áreas, cercenar parques y entregar sus zonas más prístinas a la voracidad empresarial representada por un segmento del empresariado que no parará mientes para sacrificarlas en aras de su beneficio particular. Y se está esperando una de esas situaciones de caos político nacional para pasar el proyecto sin discusión.

Entre los parques más amenazados está el Nacional del Este, cuyas playas quieren ser compradas por empresarios turísticos españoles, pero que mientras sean parte de un parque nacional no pueden ser negociadas bajo ningún concepto. Si este parque es desmembrado y vendidas sus playas habremos acabado con una de las zonas más importantes dentro del binomio natural cultural que aún mantiene intacto el espacio natural utilizado por grupos aborígenes por miles de años, espacio que actualmente la UNESCO estudia para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser un área en que nuestras culturas aborígenes se desarrollaron y donde todavía están sus vestigios.

Pero además, sus zonas de playas son la continuidad de una relación ecosistémica (bosques, suelos, cavernas, ríos subterráneos, fauna marina y fauna terrestre) en donde la pérdida de una de sus partes constituiría la pérdida del sistema completo.

Y a todo esto, ni la Ley de Medio Ambiente ni el proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas prohíben su utilización al turismo. Pero los propósitos de los «inversionistas» y negociantes criollos no son su utilización para el disfrute de visitantes como se hace sin problemas con las playas de la Isla Saona y del litoral del parque , sino su apropiación para la posibilidad de reventa y negociación de toda índole.

¡Ni la Ley de Medio Ambiente ni el Proyecto de Ley Sectorial pueden ser modificados sacrificando nuestras áreas protegidas!

[b]LOS PRINCIPIOS QUE SOSTIENE ESTE PROYECTO[/b]

Cinco principios humanos y ciudadanos sostienen al Proyecto Sectorial de Areas Protegidas: 1. «Se reconoce el derecho de los ecosistemas y las especies existentes en ellos, a existir y a evolucionar de manera natural, independientemente del valor económico actual o potencial que posean.»

2. «Se reconoce el derecho de la presente y las futuras generaciones de dominicanos al beneficio y al producto de los bienes y servicios ambientales que le pueden brindar los ecosistemas y las especies existentes, sin perjuicio del derecho a existir y a evolucionar de manera natural que a éstos se les reconoce.»

3. «Las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Areas Protegidas tienen importancia decisiva, ambiental, económica y estratégica para el desarrollo del país.»

4. «El Estado y los particulares velarán porque las Areas Protegidas se utilicen en forma sostenible y sean incorporadas racionalmente al desarrollo económico nacional con el cuidado de que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.»

5. «Las áreas públicas que se encuentren bajo régimen legal de protección en el Sistema Nacional de Areas Protegidas constituyen un componente inalienable, imprescindible e inembargable del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún individuo, Estado, nación o ciudadano de otro país bajo ninguna circunstancia.»

Este último principio es sumamente importante cuando se habla de si este país está en venta o en alquiler, y de hecho, ¡NO ESTA EN VENTA NI ALQUILER!

[b]LOS OBJETIVOS DE LA LEY SECTORIAL[/b]

Proteger determinadas porciones del país no tiene nada que ver con el romanticismo que algunos sectores de nuestra sociedad endilgan al movimiento ecologista y ambiental. Los propósitos de la protección están definitivamente vinculados al desarrollo económico del país. Los objetivos de la Ley Sectorial son los siguientes.

1. «Integrar la conservación, el uso sostenible y el manejo de las Areas Protegidas en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales, y el pleno disfrute de los bienes y servicios que brinden a la sociedad.»

2. «Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de las Areas Protegidas.»

3. «Promover la educación y la conciencia pública sobre la conservación, la utilización y la preservación de sitios y ecosistemas, y de las áreas silvestres bajo régimen legal de protección.»

4. «Regular el acceso a las Areas Protegidas, sus bienes y servicios, así como posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad.»

5. «Mejorar y modernizar la administración para una gestión efectiva y eficaz de las Areas Protegidas.»

6. «Reconocer y compensar el esfuerzo, las prácticas y las innovaciones de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de las Areas Protegidas.»

7. «Garantizar a todos los ciudadanos la seguridad ambiental de las Areas Protegidas para asegurar su sostenibilidad social, económica y cultural.»

8. «Promover la participación de la sociedad civil en la administración de servicios en las Areas Protegidas y garantizar el acceso a los beneficios que brindan a la sociedad, haciéndolo de manera tal que este acceso sea asegurado para la presente y las futuras generaciones.»

9. «Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la distribución de beneficios derivados de la creación y manejo de Areas Protegidas, de la biodiversidad, especialmente en áreas fronterizas o de recursos compartidos.»

10. «Promover la adopción de incentivos y formas especiales de generación de ingresos a través de la retribución de servicios ambientales para la conservación y el uso sostenible de las Areas Protegidas.»

11. «Establecer un sistema de conservación de las Areas Protegidas, que logre la coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y el Estado, para garantizar la aplicación de la presente Ley.»

[b]NO NOS DEJEMOS DISTRAER[/b]

El movimiento ambiental y ecologista no puede dejarse arrastrar a la distracción que significa el presente proceso electoral. Los propósitos ambientalistas no tienen nada que ver con las ambiciones políticas de los diferentes candidatos. Nuestros objetivos son definitivamente limpios y tienen que estar totalmente alejados de los objetivos del mercantilismo político.

La feria electoral recientemente inaugurada por la Junta Central Electoral que es como si se inaugurara la Avenida Duarte para su uso comercial a partir del día de hoy no puede hacernos desviar nuestra atención a situaciones que pueden resultar lesivas para siempre al entorno natural de la Isla. Perder playas protegidas que garantizan la vida de cientos de especies que ya desaparecieron de los litorales no protegidos (como los delfines, langostas, manatíes, tortugas y otras especies), es perderlos para siempre, porque la extinción es así, para siempre. Pero además está el daño físico de las zonas muchas veces irrecuperables también y el daño químico de elementos como sus aguas y suelos.

La intención para desconocer la integridad de la Ley Ambiental y los propósitos de la Ley Sectorial se está moviendo por muchos lados. Hasta una parte de los obispos de la Iglesia Católica fueron utilizados para mover opinión contra estas leyes.

La lucha ecologista es permanente, para que alguna vez haya en la República Dominicana un Estado definitivamente respetuoso de lo único que garantizará una economía sana y floreciente: nuestros recursos naturales.