La ley y el orden

Según Antonio Marte, Senador de la República y empresario del transporte, la única manera de que se podrá hacer cumplir la disposición de exigir la tarjeta de vacunación contra el covid-19 a todo el que aborde un autobús es si se instalan centros de vacunación en todas las terminales del país, y se crea una institución represiva, integrada por militares, que obligue a su cumplimiento.

Mas allá de la legalidad o no de la ordenanza del ministerio de Salud Pública que establece como requisito para acceder a lugares de uso público la presentación de la tarjeta de vacunación, contra la cual ya fue presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), todos queremos que nos expliquen de qué manera se hará cumplir y quién velará porque se cumpla.

Porque cualquiera sabe, empezando por el folclórico senador de Santiago Rodríguez, que hasta la frontera tendríamos que dejar desprotegida si, acogiendo su propuesta, ponemos guardias a vigilar todas las paradas de autobuses, incluidas las voladoras, para garantizar que la disposición se respete.

También sabe todo el mundo que es muy probable que en la Policía Nacional conviertan la supervisión de su cumplimiento en otra fuente de macuteo y cobro de peaje, y nada podrá hacerse para evitarlo en una institución que según el Ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez está afectada de un cáncer que ya hizo metástasis.

Por eso es lógico que nos preguntemos si vale la pena gastar recursos, tiempo y energías en una normativa que, por su difícil aplicación, se convertirá pronto en letra muerta, recordándonos las consecuencias de vivir en el país de los chivos sin ley y no hacer lo suficiente para cambiarlo por el de la ley y el orden.