Estoy seguro que la empresa editorial Casa Duarte, que mantiene un pleito en la justicia con el Ministerio de Educación alegando que ha sido lesionado su “derecho constitucional” a elaborar los libros de texto de la educación pública, no esperaba recibir una cucharada de su propia medicina, que tal vez por eso mismo tiene el efecto depurativo de un purgante.

Ayer este diario reseñó un informe elaborado por la Unidad Editorial del Ministerio de Educación en el que se afirma que se detectaron decenas de errores en el libro de texto vigente de Ciencias Sociales de Cuarto Grado de Primaria, producido por Editorial Casa Duarte, la cual fue conminada a corregirlos de inmediato y publicar la correspondiente fe de erratas.

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Según la crónica los errores detectados son ortográficos, ortotipográficos, de contenido, de redacción y estilo, y relacionados con las actividades pedagógicas, ejercicios y evaluación. Son muchos mas; tantos, que no alcanzaría el espacio de esta columna para enumerarlos y detallarlos. Y es lo que realmente sorprende, pues si algo quedó claro como parte de la campaña de las editoras afectadas por la decisión del Minerd de elaborar sus propios libros de texto, con lo que ese ministerio se ahorrará cinco mil millones de pesos al año, fue su intención de convencer a la opinión pública de que solo sus técnicos y especialistas están en capacidad de elaborarlos. Es por eso que pusieron tanto énfasis en desacreditar los libros encargados por el Minerd señalando sus errores, con lo que lograron provocar un gran alboroto y muchísimo ruido.

El informe de la Unidad Editoral del Minerd, que dirige el escritor e intelectual Manuel Núñez, demuestra de manera contundente que eso es una gran falsedad, con lo que se derrumba uno de los principales argumentos para reclamar un “derecho” que le garantizaba al “cartel de los editores”, como lo llamó el ministro Ángel Hernández, un lucrativo negocio de alrededor de cuatro mil millones de pesos.