La situación actual es favorable a un mayor gasto presupuestal

La respuesta del Gobierno ante la crisis en el pasado año ha sido de una política fiscal expansiva. Esto se comprueba en el Presupuesto revisado del 2020 comparado con el Presupuesto ejecutado del 2019, que resulta en un indicador positivo del impacto fiscal.

Este indicador mide la contribución del sector público a la economía medido por sus efectos, directos e indirectos, sobre la demanda agregada. O sea, es el impacto del Gobierno por lo que compra y a quien le compra de lo que producimos internamente, o sea del PIB anual.
El sector público impacta directamente la demanda final cuando compra bienes y servicios y bienes de capital (construcciones, maquinaria y equipos).

También lo hace indirectamente, cuando paga sueldos y salarios a los servidores públicos y cuando hace transferencias al sector privado (programas sociales, pensiones, subsidios), incidiendo sobre el ingreso disponible de los beneficiarios de esas transacciones, y por tanto, sobre sus gastos de consumo, que a su vez tiene sucesivos efectos secundarios, sobre los ingresos y el consumo, de los productores de esos bienes de consumo que compran, y así sucesivamente.

A su vez, el Gobierno impacta al sector privado cuando le cobra impuestos, sustrayéndole ingresos, y por tanto reduciendo su poder adquisitivo. La combinación de los gastos, las transferencias y los impuestos, ya sean positivos en los primeros dos (aumento de la demanda agregada de producción interna) o negativos, en el tercero, si aumentan los impuestos (vía la disminución del ingreso privado disponible para gastar), neteados o sea consolidados, es lo que muestra el impacto fiscal total.

Este último, incluye el impacto total, o sea, tanto el discrecional, debido a acciones de política (por ejemplo, un incremento de la inversión), como el inducido o automático (por ejemplo, los intereses de la deuda).

Pues bien, según nuestros cálculos, el impacto fiscal en 2020 mostró una postura expansiva de la política fiscal sin precedentes, acorde con la magnitud del choque generado por la pandemia. Todos los factores contribuyeron a la expansión: los gastos de consumo público, la inversión gubernamental, las transferencias al sector privado (programas sociales) y las medidas de posposición en el pago de los impuestos.

Sin embargo, el análisis del Presupuesto de 2021 revela una profundización en mayor escala de la tendencia del periodo precedente a la pandemia, y presenta una postura de política fiscal fuertemente contractiva, no solo respecto al año 2020, sino inclusive con respecto al año que precede inmediatamente a la crisis.

Hay una contracción de todos los factores, de los gastos, pero especialmente en las transferencias, mostrando un impacto fiscal negativo, mostrando la postura de política fiscal más contraccionista de los últimos cinco años.

Se propone un ajuste fiscal considerable, mayormente del lado del gasto y las transferencias, al pasar el déficit presupuestal de 8% del PIB a 3% del PIB. Esto ocurriría en un contexto de baja demanda privada, y, en consecuencia, ningún signo claro de una recuperación a los niveles de antes de la crisis.

Para ayudar a la reflexión e ilustrar mejor nuestra posición, veamos un ejercicio numérico del multiplicador keynesiano para una economía cerrada. Supongamos que esa economía tiene una propensión promedio a consumir de 60% del ingreso de los hogares y una carga tributaria de 15% del PIB. Suponemos que los precios son constantes y que la inversión privada de la economía es fija de $300. Si el Gobierno reduce su gasto autónomo de $500 a $400, todo lo demás constante, la economía ha variado el nivel de su PIB contrayéndose en menos $200. La recaudación de impuestos ha bajado $30, y el déficit fiscal se ha reducido $70. Como el gasto ha sido financiado por impuestos y deuda, el déficit presupuestal equivale al aumento de la deuda pública, por lo que el coeficiente deuda/PIB se redujo 2 puntos porcentuales del PIB, pero al costo de un crecimiento negativo del producto y del empleo.
Pero si en un segundo escenario, el gasto público en vez de disminuir hubiese aumentado a $600, de lo cual un $20 se financia con base monetaria (crédito del Banco Central), todo lo demás constante, el PIB hubiese elevado su nivel en $200, las recaudaciones de impuestos hubiesen aumentado en $30, el déficit fiscal se expande en $70, pero la deuda pública solo habría aumentado en $50, y el coeficiente de la deuda pública solo sube un punto porcentual del PIB, pero con una expansión del producto.
Hay muchos mitos sobre la política fiscal. Como el que considera su principal objetivo imponer reglas restrictivas para reducir el déficit presupuestal para alcanzar en el mediano plazo un presupuesto balanceado. Esta visión conceptualiza al Estado como si fuese una empresa o una familia. Esta visión está equivocada. De aplicarse la austeridad fiscal se afecta desproporcionalmente a los más pobres, por topes al gasto social y aumento del desempleo.
La situación actual es favorable a un mayor gasto presupuestal. Porque, por un lado, se puede aprovechar la mejoría de las condiciones externas, y por el otro, la posibilidad de financiar el déficit fiscal a más bajas tasas de interés y en mayor proporción con emisión monetaria, dado el salto en la demanda del público de dinero en efectivo. ¿Porqué hacer menos, cuando se puede hacer más?