No se trata de que la JCE instale una escuelita para enseñarle a los políticos todo lo que necesitan saber sobre la leyes de Partidos y de Régimen Electoral, como parece haberse interpretado la propuesta de Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus.

Porque lo cierto es que parece existir una confusión que no permite deslindar con claridad lo que son las actividades propias de los partidos y sus miembros, sean estos militantes o dirigentes, y el proselitismo y la promoción de candidaturas con miras a un proceso electoral. Lo que no debe sorprender a los que sabemos cómo se aprobó, por culpa de las prisas y la improvisación, la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Precisamente por eso es que hay gente convencida de que ni los propios políticos conocen a cabalidad sus alcances, sobre todo lo que tiene que ver con las sanciones que impone a quienes la violen, aunque nunca puede descartarse, conociéndolos como los conocemos, que realmente sí lo sepan y que simplememente se hacen los suecos porque les conviene hacer lo que les da la gana sin respetar leyes ni plazos.

Pero sea una cosa o la otra el encuentro que propone Servio Tulio podría servir también para que tanto la JCE como los partidos aprovechen la oportunidad para abrir un espacio de diálogo permanente, fluido, que les permita trabajar juntos para mejorar la calidad de nuestros procesos electorales; y, sobre todo, ahorrarnos los traumas y sobresaltos que inmancablemente los acompañan. El otro camino, que no le conviene ni a la JCE, ni a los partidos ni a la democracia dominicana, es el de la confrontación, pues podría destruir la autoridad que necesita ese órgano para arbitrar con credibilidad el evento mas importante de nuestra vida democrática.

Desafiar o desconocer la autoridad de ese árbitro equivale a sabotear la democracia, y uno quiere pensar y creer que eso no es lo que desean los partidos y quienes los dirigen.