J. Luis Rojas 
J. LUIS ROJAS
Érase una vez un país, en el que la mayoría de sus políticos, empresarios, sindicalistas, dueños de bancos múltiples y comerciantes de los servicios de salud, se pusieron de acuerdo para crear, mantener, alabar como loros y defender como leones, un supuesto Sistema Dominicano de Seguridad Social, el que en el terreno de los hechos ni es seguro ni es social. Para concretar dicha meta, hicieron lo posible e imposible para que el 9 de mayo de 2001 se promulgara la Ley 87-01, la cual entró en vigor el primero de junio de 2003.
El argumento principal de los que escribieron el cuento relativo a que la sociedad dominicana tendría por fin un sistema de seguridad social justo, digno y solidario, es la verborrea que busca justificar que con la referidaley se crearía un marco para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos en lo concerniente a la protección social contra riesgos como vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.
Luego de 21 años, los resultados derivados de la Ley87-01 solo han servido para incrementar las riquezas materiales de las AFP que crearon los principales bancos múltiples, así como los empresarios locales e internacionales de las ARS y de los proveedores de servicios de salud (PSS).En algún momento, los defensores a ultranza del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) vigente, ansiosos por los altísimos niveles de insatisfacción que manifiestan continuamente los afiliados, con respecto a la calidad, pertinencia y justicia de los servicios que reciben de la seguridad social, manifestaron que era oportuno reformar latan cuestionada ley.
La realidad pone en evidencia que el tan esperado y cacareado proceso de reforma a la Ley 87-01, se fue de parranda. En este contexto, recuérdese que se creó una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, la cual tenía como objetivo principal modificar la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Además, igual que el velorio de pobre, la fallida iniciativa fue abordada en el ámbito del Consejo Económico y Social (CES), en que representantes del sector social, propusieron 10 puntos para reformar y transformar la ley del SDSS. En breves palabras, losimpulsores delareforma a la Ley 87-01 se fueron a rumbear.
Segmentos significativos de la población dominicana, excepto los representantes del sector financiero, los empresarios rentistas de las ARS y las empresas proveedorasde servicios de salud, están atentos a que, desde los entornosdel Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional,se reinicie y agilice el proceso de reforma integral a la Ley 87-01.La seguridad social y la salud integralson derechos fundamentales,los cuales están establecidos en los artículos 8, 60 y 61 de la Constitución de la República Dominicana.¿Por qué a las élites empresarial y política de RD se les hace tan difícil cumplir las dispersiones de las leyes?
La población dominicana necesita y merece un sistema de seguridad social que le asegure protección social contra riesgos como vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El SDSS actual está sustentado en la exclusión, el privilegio, incertidumbre e injusticia.Cuando se decida retomar la iniciativa de reformar la Ley 87-01, que ojalá sea rápido, es significativo tomar en cuenta la propuesta que han elaborado al respecto,más de 50organizaciones sociales, académicas, gremiales, campesinasy ambientales, las cuales se encuentran articuladas a la Coalición SeguridadSocial Digna.
La propuesta de la CoaliciónSeguridad Social Digna es inclusiva, integral ysostenible, justifica con argumento sólido la conveniencia de establecer un sistemarobusto, funcional y moderno dereparto. Además, la referida iniciativa propone soluciones viables para optimizar lo relativo a las pensiones por vejez, así como servicios dignos de salud. En fin, la propuesta de la coalición se sustenta en el enfoque de una seguridad social entendida como una estrategia de protección social, no como un medio para seguir agrandando las riquezas materialesde las AFP, ARS y de los proveedores privados de servicios de salud.
En cuanto al seguro de salud, el doctor José Selig, uno de los creadores de lapropuesta de la coalición, plantea que éste debe cubrir en un 100 %los gastos por atención a la enfermedad y los cuidados a la saludque representan una carga financiera para la familia, la que en ocasiones provocaque ésta pierda su calidad de vida o su patrimonio. En este orden, la propuesta en cuestión sugiere que: “es necesario que exista un sistema de atención en salud pública, sin copagos, ni limites en la atención integral y garante del derecho a la salud y a la equidad”.
La propuesta de reforma a la Ley 87-01, de la Coalición Seguridad Social Digna, propone que el subsistema de atención en salud pública, se organice en función a cuatro programas sustanciales: a) programa para cubrir los eventos de mayor costo (situaciones agudas de salud que demandan una atención especializada), b) programa para cubrir el costo de los cuidados(situaciones que requieren un cuidado y un seguimiento especial por su complejidad y/o su gravedad), c) programa de la prevención de la enfermedad (la cobertura de un conjunto de intervenciones en salud que se orientan a la prevención y la detección precoz, y d) atenciones en salud a otros eventos(ante situaciones no programadas, no graves, de bajo costo y que no necesitan atención especializada).
Lo propuesto por la Coalición, con relación al concepto de una pensión por vejez, es ciento por ciento diferente al quetienen los defensores del Sistema de Cuentas de Capitalización Individual (AFP). En este sentido, para los sustentantes de la propuesta de la coalición, una pensión es:“el dinero que la persona jubilada recibe cada mes después de retirarse de acuerdo con los años que ha trabajado. Es, además,un mecanismo de protección social que pretende financiar la vejez sin ser carga para la familia”.
Los responsables de retomar el proceso de reforma integral a la Ley 87-01, no deben obviar los señalamientosque manifiestan los armadores de la propuesta de la coalición, con respecto a las debilidades que rodean al modelo actual de pensiones. En este orden, el doctor José Selig,Directivo de la Escuela Multitemática y de la CoaliciónSeguridad Social Digna, plantea fuerzas restrictivas que operan en contra dela sostenibilidad del Sistema de Cuentas de capitalización Individual. Algo huele mal en Dinamarca, ya que por ahí anda el Chicago Boys de la Superintendencia de Pensioneshablando como loro acerca de la extraña modalidad de renta vitalicia. ¿Será que el señor Francisco A. Torres Díaz prevé lo que pasará con las AFP en el 2030?
En la propuesta de pensiones por vejez, elaborada por las organizaciones que conforman la coalición, se plantean indicadores cuantitativos y cualitativos que demuestran la eficacia, efectividad, factibilidad y sostenibilidad del modelo de reparto, con respecto al Sistema actual de Cuentas de Capitalización Individual. Un ejemplo fehaciente de ello es que, a través de las AFP, solo una de cada cinco personas que llegue a la edad de retiro recibirá una pensión, mientras que, en lo propuesto por la coalición, alrededor del 73 % de la población en edad de retiro recibiría una pensión digna. En cuanto a la suficiencia de la pensión, desde la realidad de las AFP, en la mayoría de los casos, la pensión no supera el 30 % del último salario, sin embargo, el 100 % de las pensiones otorgadas por el modelo que propone la coalición será igual o mayor que el salario mínimo promedio nacional.
Sería lastimoso y mezquino que cuando el Poder Ejecutivo y los miembros de la Comisión Bicameral decidan retomar el proceso de reforma a la Ley 87-01, obvien la propuesta elaborada y consensuada por más de 60 organizaciones de la Coalición por una Seguridad Social Digna. No hay duda de que la propuesta de la coalición supera por mucho al modelo actual de seguridad social que predomina en RD.
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