El expresidente Danilo Medina está inmerso en una de las peores tormentas que político alguno de estos tiempos haya enfrentado: la salida del poder del PLD con un voto de castigo que también redujo su incidencia congresional y municipal; la ruptura del partido y la salida de miembros y dirigentes; la persecución judicial constante contra familiares y cercanos colaboradores que habrían cometido hechos dolosos durante su gobierno.

Medina, quien siempre se destacó como uno de los principales estrategas del PLD, tiene sobre sus hombros el peso de las turbulencias dejadas por la derrota electoral en 2020, lo que significó el final de 16 años de Gobierno consecutivos alternados entre él y su ahora rival Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo.

El éxito del PLD en el poder empezó a decaer en las manos de Medina cuando intentó reformar la Constitución para repostularse para un tercer período pero esa intención terminó fulminada por presiones internas y externas.

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No fue casual que el 11 de julio del 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos divulgara un comunicado informando que el secretario de Estado, Mike Pompeo, llamó al entonces presidente Medina para plantearle la necesidad de preservar las instituciones democráticas, en el contexto de la intención de reformar la Constitución de la República.

Junto a esos acontecimientos se libraba en el PLD una lucha de poder entre Medina y Fernández, ya que el exmandatario también aspiraba a una nueva postulación presidencial y al no lograrla abandonó la organización política a la que perteneció por más de 40 años y por la cual gobernó en 1996-2000 y 2004-2012.

Evidentemente ese fue el primer quiebre que enfrentó Medina, en los albores de una campaña electoral que ya daba señales de tragos amargos, por el rechazo de segmentos de la población a la permanencia en el poder de la estructura peledeísta.

Medina, quien también es presidente del PLD, volcó todos sus esfuerzos en su último as bajo la manga: la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, que fue derrotado por el presidente Luis Abinader.

La soledad del poder y casos corrupción

El expresidente dejó el Palacio Presidencial después de dos períodos consecutivos (2012-2020) y probablemente aún no se acostumbraba a la ineludible soledad del poder cuando el Ministerio Público empezó a pisarle los talones a familiares y cercanos colaboradores acusados de cometer actos ilícitos contra el Estado.

La Operación Antipulpo, la Operación Coral, la Operación Medusa y ahora la Operación Calamar son cuatro casos judiciales que han estremecido al partido morado, que -es innegable- atraviesa por un fuerte proceso de debilitamiento.

Antes que fueran sometidos a la justicia Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministros de su Gobierno, se supo que Medina partió a Estados Unidos en compañía de familiares. Aún no se ha hecho pública la causa de ese viaje.

Sobre los casos de corrupción, en la operación Antipulpo están incluidos sus hermanos Alexis y Magalys, a quienes se les atribuye ser parte de un entramado que manejó más de RD$4,000 millones a través de contratos con el Estado.

La Operación Coral significó el desmantelamiento de otro entramado que, según el Ministerio Público, movió más de RD$4,500 millones en propiedades inmobiliarias y productos financieros con dinero del Estado.

Entre los integrantes de la red están incluidos el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Medina, y los generales Juan Carlos Torres Robiu, Julio Camilo de los Santos Viola, y Boanerges Reyes Batista, entre otros miembros de los cuerpos castrenses.

La Operación Medusa atribuye al exprocurador general Jean Alain Rodríguez encabezar una estructura mafiosa que habría afectado al Estado con más de RD$1,000 millones.

Y, por si lo mencionado fuera poco, ahora fueron sometidos a la justicia, en la denominada Operación Calamar, los exministros de Obras Públicas, de Hacienda, y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente. De modo que este nuevo caso, que supuestamente implica RD$19,000 millones en perjuicio del Estado, y que habrían sido usados para la campaña electoral del 2020, representa otra estocada para Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD).