A pesar de que el país, dolorido y consternado, solo tiene ojos y oídos para ver y escuchar lo que ocurre (o pudo haber ocurrido) alrededor de la tragedia en la discoteca Jet Set, donde fallecieron 221 personas según el balance final ofrecido por el COE, la vida dominicana continúa su agitado curso aunque no le prestemos la atención debida, lo que no siempre es culpa de una desgracia como la que tiene en vilo nuestros acongojados corazones.

La Policía Nacional, por ejemplo, informó ayer sobre la muerte de otros dos presuntos delincuentes abatidos en intercambios de disparos, con lo que ya suman 39 las personas que en el 2025 han muerto a manos de agentes policiales en supuestos enfrentamientos que nadie se ocupa luego de verificar ni de investigar, con lo que en la práctica se institucionaliza, desde la autoridad policial, la pena de muerte que no figura en la Constitución ni en los códigos.

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Y como si se tratara de un palo acechao cuyos perpetradores aprovecharon que toda nuestra atención está puesta en la tragedia, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega dictaminaron como extinta la acción penal contra el empresario Miguel Arturo (Micki) López Florencio y varios miembros de su familia, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. De inmediato la representante del Ministerio Público anunció que apelará la decisión, mientras se quejaba de que los abogados del empresario, cuya esposa, la exdiputada Rosa María Pilarte, ya fue condenada por el mismo caso, incidentaron el proceso para extender su duración, lo que el tribunal decidió ignorar.

Pero cuando salgamos del estupor en que nos dejó la tragedia a nadie sorprenderá que esos jueces hayan sido tan benévolos y complacientes, ni tampoco que la Policía Nacional continúe ejecutando, de manera impune, a supuestos delincuentes a los que se les niega la posibilidad de un juicio, como se supone debe ser en una democracia donde impera el Estado de Derecho.