«Irregularidades». Así dijo la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que reveló la investigación a la Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), realizada del 1 de enero del año 2010 al 31 de mayo del 2021.

En esos 11 años, el órgano fiscalizador precisó en la investigación especial que en las citadas entidades castrenses se desviaron fondos y hubo malversación.

De acuerdo a la resolución número AUD-X-2022-002, la Cámara de Cuentas encontró que hubo “contratos de bienes y servicios, sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección» por más de 473 millones de pesos.

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Además, el documento presenta que en las entidades se realizaron “procedimiento de urgencia para la adquisición de combustibles sin resolución declaratoria de la máxima autoridad, por un monto de RD$12,660,000., como también la “adquisición de bienes y servicios sin la formalización de contratos y pagos de a proveedores» que no tenían licencia para la distribución de combustibles.

“Debilidades identificadas en la contratación con la compañía Global Investment and Business Bridimar, SRL, por un monto de RD$2,133,558. Modificación al objeto del contrato y pliego de condiciones. Pago avance superior al monto establecido en la ley. Contratación sin evidencia de póliza de seriedad de la oferta», detalla los resultados de las pesquisas.

Añade que se detectó pago a personal no formalizado en la entidad por más de 175 millones de pesos; así como pago de incentivo de manera «irregular» ascendente a RD$4,438,268 y RD$1,339,500.

Detalló que hubo desembolsos mediante cheques no registrados y no identifican las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$5,777,767 y encontraron “personal en nómina con cargo de asesores por un monto de RD$7,672,200”.

En tal sentido, la Cámara de Cuentas remitió a diferentes instituciones relacionadas con el tema, de acuerdo a la ley, incluyendo la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Ética Gubernamental, «para que procedan con las medidas pertinentes» sobre las inobservancias e irregularidades que se encontraron en la investigación especial.

Se recuerda que en la mira del órgano fiscalizador está, además, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde también halló «irregularidades» en la gestión del año 2020, en el libramiento de fondos públicos, violando así las disposiciones en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.