Nexcy D´Leon 
Nexcy D´León
La tragedia de San Cristóbal revela una cruel realidad: en el país las instituciones no cumplen su deber. Cada vez que se produce una catástrofe sale a relucir que las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de construcción, entre otras, no cumplen sus funciones, lo hacen muy mal o recurren al macuteo.
La violación de las leyes y normas vigentes que rigen las instalaciones de fábricas y negocios en entornos urbanos es la causa eficiente de la muerte de más de 30 personas, decenas de heridos y los daños a viviendas y bienes en San Cristóbal. Las autoridades dicen ignorar si una industria de plástico operaba en el sitio sin permisos ni supervisión.
En cualquier país donde una autoridad dijese ignorar la existencia de la fábrica en un lugar de su competencia se hubiese armado un escándalo con la consecuente renuncia del incumbente, pero aquí es recurrente que las autoridades se exculpen y no pase nada.
La legislación y las normativas de ordenamiento territorial, medio ambiente, municipales y de prevención de riesgos serían instrumentos eficientes para prevenir tragedias, si se cumpliesen a cabalidad y existiera un régimen de consecuencias penales y civiles para quien los viole y los funcionarios que lo consientan.
La seguridad ciudadana es una obligación de las autoridades y un compromiso ineludible de todo proyecto empresarial.
