Que su publicación se produjera en medio del debate y las reacciones de rechazo que ha provocado la agresión, por parte de agentes de la Digesett, contra el Defensor del Pueblo y los periodistas que lo acompañaban en su visita de inspección al Canódromo es mucho mas que una simple coincidencia; es nuestra forma de darle la razón al contenido del informe que del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana.

Que año tras año, e informe tras informe, pone en evidencia los mismos problemas, como si fuésemos incapaces de resolverlos o nos complaciera convivir con sus consecuencias.

Por eso nadie debería declararse sorprendido de que en su versión del 2022 vuelva a denunciar que aún persisten los abusos policiales, ni que señale que hasta el pasado mes de octubre la Policía Nacional había asesinado a 41 personas, además de “los tratos crueles, inhumanos o degradantes” a los que son sometidos los ciudadanos que son apresados o detenidos.

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¿Y cómo no va a aparecer en ese informe la corrupción nuestra de todos los días, la que nos acompaña desde siempre, la que año tras año desangra el Presupuesto Nacional, degrada nuestras instituciones y empobrece a los mas pobres, a los que ahora les quita (literalmente) el pan de la boca?

Según ese informe, la corrupción gubernamental sigue siendo un problema grave en República Dominicana , a pesar de que a su llegada al gobierno el presidente Luis Abinader designó a una nueva Procuradora General que inició una serie de procesos contra “exfuncionarios y políticos de alto nivel”.

Pero eso es algo que, por todo lo dicho y sabido, tampoco debería sorprender a nadie que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, a excepción de dos senadores de la oposición que no pierden la oportunidad de demostrar que la necedad y el cinismo siempre van de la mano de la politiquería.