En la presunta estafa y esquema de soborno por expropiación y compra de terrenos que el Ministerio Público le atribuye a los imputados en el caso Calamar, destaca el de las parcelas 74-C, 142-C y 2147-B, Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional (terrenos de la Franja Malecón conocidos como “El Algodonal”), por los que al Estado se le obligó a pagar de manera fraudulenta RD$553,160,000.

De esa cantidad, al abogado Ángel Lockward supuestamente recibió RD$55,316,000, que cobró a través de un “prestanombre” llamado Agustín Mejía Ávila.

Según la acusación, los hechos ocurrieron como sigue: la denominada compañía El Algodonal, C. por A. fue constituida con el propósito de urbanizar las parcelas antes indicadas, y para tales fines hicieron una lotificación denominada Urbanización Miramar.

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La sociedad El Algodonal, C. por A., es la legítima propietaria de las parcelas 74-C y 142- C, fue creada en 1973, siendo su presidente el Dr. Arístides Álvarez Sánchez, y sus socios fundadores los señores Virgilio Álvarez Sánchez, Arístides Álvarez Sánchez, Lucila Álvarez Vda. Volmar, Dr. Manuel Álvarez Sánchez, Mercedes Álvarez de Malagón, Isabel Eugenia Álvarez de Martínez y el General Braulio Álvarez Sánchez.
Mientras que la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S. A., es la legítima propietaria de la parcela 214-B., se domicilió en Santiago de los Caballeros, siendo representada por la señora María Grieser de Tavárez.

Dice la acusación, que el imputado Ramón David Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), “tuvo acceso a información privilegiada” de las compañías que tienen derecho de propiedad sobre bienes inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años (perdiendo en consecuencia el Registro de Nombre en la Onapi, además de tener desactualizado el Registro Mercantil),” y preparó con esas informaciones la documentación”.

Agrega que en marzo del 2017, Hernández, su esposa Yahaira Brito Evangelista y el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda “suplantaron “la personería jurídica de las sociedades antes indicadas, y constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.R.L.,” con la que usurpó los derechos reales” que tenían las hoy víctimas.

No obstante esta suplantación de la personería jurídica; de no existir un decreto de expropiación y violentando la ley, apoyado en un supuesto informe técnico de agrimensores instrumentado sin ningún criterio técnico o científico “y además con la fecha de emisión dolosamente adelantada”, el fenecido Rivas Rodríguez suscribió con Hernández un acuerdo transaccional el 6 de marzo del 2020, que obligó fraudulentamente al Estado a pagar los RD$553,160,000.

“Cuando ya el expediente se encontraba en Hacienda para fines de pagos, a requerimiento de Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, su jefe inmediato, Rafael Collado “adulteró la fecha de elaboración de este cambiándola a “20 de febrero de 2020”, dice la acusación. El 2 de agosto del 2022, mediante el oficio número DNRT-2022-0653, la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., propiedad de Hernández y su esposa fue favorecida con el pago de los terrenos en virtud de una supuesta expropiación forzosa a favor del Estado. Entre los documentos del expediente remitido por el Hacienda al MP el 15 de diciembre del 2021 mediante la comunicación MH-2021-032912, “figuran las supuestas cesiones de créditos” realizadas cuatro días después de firmado el acuerdo, que incluyen los DOP55,316,000. de Ángel Lockward.