El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sufrió el fin de semana su primer revés importante en el terreno legislativo: su partido y los aliados no pudieron sacar adelante la reforma constitucional que pretendía devolver a la empresa estatal de electricidad el poder perdido y limitar la participación de privados.

La reforma, que causó mucha preocupación tanto entre empresas como en el gobierno de Estados Unidos, habría anulado gran parte de la apertura del mercado en la generación de energía llevada a cabo por su predecesor en 2013. La derrota podría polarizar aún más el ambiente político a dos años y medio del fin de la administración de López Obrador y cuando los actores políticos ya miran a las elecciones locales que se celebrarán en algunos estados este verano y, sobre todo, a las presidenciales de 2024.

En los comicios de mitad de mandato de 2021 el partido oficialista Morena y sus aliados -el Partido del Trabajo y el Partido Verde- perdieron terreno en el Congreso y aunque mantuvieron una mayoría de escaños no conservaron la suficiente para garantizar cambios constitucionales (dos tercios de la cámara). El contraataque legislativo a la negativa de cambios constitucionales fue inmediato: el mismo domingo López Obrador envió una propuesta para cambiar la ley minera y nacionalizar el litio, iniciativa que se tramitó por la vía de urgencia y el lunes por la tarde fue aprobada por el Congreso para esa reforma sólo se necesitaba mayoría simple y remitida al Senado.

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De momento sólo hay una mina de este estratégico mineral en México, en manos de una empresa china, que está cerca de iniciar actividades pero en cuanto entre en vigor la nueva ley el gobierno podría asumir su explotación. Ahora algunos analistas temen que se endurezcan los ataques contra opositores pero también contra autoridades electorales y judiciales. El mismo lunes, el mandatario arremetió contra quienes consideró “traidores” -un calificativo que también usó el domingo la oposición para referirse a los oficialistas- y dijo que las empresas extranjeras “compraron a los legisladores”.

López Obrador sostiene que cuando se aprobó la reforma que liberalizó el mercado en 2013 hubo sobornos a diputados, acusación que los parlamentarios niegan pero que está actualmente bajo investigación en la fiscalía federal. La actual “contrarreforma” -como la definieron algunos- buscaba garantizar al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural.

Sus detractores aseguraban que esto violaba la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México. Después de más de 12 horas de debate el domingo, la coalición oficialista consiguió 275 votos de los 332 que se necesitaban.