El Ministerio Público tiene abiertos en estos momentos dos grandes frentes en la justicia por supuestos actos de corrupción que involucran a 11 exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina, respectivamente; y a un exlegislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el poder.

El más reciente es la Operación Anti-Pulpo que involucra un supuesto fraude contra el Estado por alrededor de RD$5,000 millones y por el que hay once arrestados y tres prófugos, cinco de esos exfuncionarios de la administración de Medina.

El otro es el caso Odebrecht que envuelve un soborno de US$92 millones, y por el que enfrentan juicio de fondo seis personas, entre ellas tres exfuncionarios del gobierno de Fernández (archivaron expediente a seis); y dos exsenadores del PRM en el poder.
Se trata de los dos casos más grandes de corrupción conocidos y ventilados en los tribunales del país, en los cuales habría jugado un rol preponderante la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Esta institución, que se creó mediante el decreto número 1261-86 en el 1986 para coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el gobierno dominicano “bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República”, se ha visto tambalear por otras intervenciones judiciales durante la gestión de Félix Bautista, exfuncionario en los gobierno de Fernández, y actual senador de la República por San Juan.

A ambos casos diversos sectores le atribuyen tener un alto componente político vinculado a las profundas diferencias entre Medina y Fernández, que dieron al traste con la división del PLD y su aplastante derrota en las elecciones de este 2020, después de 16 años en el poder (8 de Medina y 8 de Fernández).

No se descarta que en ambos expedientes sean incorporados otros exfuncionarios, los seis del gobierno de Fernández que en el caso Odebrecht fueron favorecidos con el archivo definitivo de su expediente, y que hoy están siendo citados por la Inspectoría General del Ministerio Público (Temístocles Montás, César Sánchez, Roberto Rodríguez, Máximo D´Oleo Ramírez y Radhamés Segura).

También el exsenador Julio César Valentín y el exdiputado Ruddy González; y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del PRM.

En la Operación Anti-Pulpo, en la que hasta ahora solo hay encartados exfuncionarios del gobierno de Medina, la directora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Jiménez, ha advertido que “aquí faltan más de los que están, pero van a estar”.

Los encartados. En el caso Odebrecht los encartados son los peledeístas Víctor Díaz Rúa, exdirector de Obras Públicas; Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del INAPA; y el ex senador Tommy Galán; Andrés Bauista García, exsenador y expresidente del PRM; el empresario Ángel Rondón, y el abogado Conrado Pittaluga.

Imputados operación Antipulpo. Son hasta ahora Francisco Pagán, exdirector de OISOE; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, exdirectores del FONPER; el excontralor Rafael Antonio Germosén; Juan Alexis Medina Sánchez, Aquiles Alejandro Cristopher, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel y Domingo Antonio Santiago, a quienes se les conocen medidas de coerción.

Odebrecht sigue hoy. El Ministerio Público comenzará a presentar hoy las pruebas documentales y testimoniales que tiene contra los seis imputados en el caso Odebrecht, en audiencia pautada para las 9:00 de la mañana.

Muricio Dantas y Marcelo Hofke, exejecutivos de Odebrecht, figuran entre los testigos de cargo que en contra de los seis imputados hará valer el MP ante las tres juezas que integran el tribunal que preside la magistrada Giselle Méndez.

Esta presentación había sido aplazada porque el abogado Miguel Valerio, quien encabeza la defensa técnica de Víctor Díaz Rúa, se encontraba afectado del covid-19.

Los demás encartados son Ángel Rondón, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Al grupo se le atribuye haber incrementado sus respectivos patrimonios familiares en el período 2002 a 2017, supuestamente con actividades ilícitas en connivencia con el consorcio brasileño, al cual, en ese período, se le aprobaron contratos para la ejecución de 18 obras del Estado, por un valor ascendente a US$4,500 millones. De esa cantidad de contratos tiene pendientes por más de US$ más de 222 millones que serían rescindidos por el actual gobierno que preside Luis Abinader, del PRM.