San Juan.- Los haitianos se enfrentan cada día a la amenaza de la deportación a su país por las autoridades de Bahamas después de ser el grupo que más sufrió el paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico el pasado verano.

Las autoridades de Bahamas informaron este miércoles de la detención de 39 ciudadanos haitianos en el sur del archipiélago atlántico, 26 hombres y 13 mujeres hallados en la isla de Gran Inagua, una nueva interceptación que pone de relieve el drama de este colectivo, que desde hace años se ha convertido en la principal colonia extranjera.

Otro grupo de 58 inmigrantes haitianos indocumentados fueron detenidos en un cayo cercano a Isla Grande en noviembre, parte de una oleada inmigratorio que trata de dejar la pobreza en su país de origen a pesar de que las autoridades de Nassau están determinadas a poner fin a una inmigración irregular que cada vez lo tiene más difícil en Bahamas.

Los haitianos piensan todavía en Bahamas como la tierra prometida, muchos sin saber que las autoridades de Nassau anunciaron su compromiso de deportar a todo ciudadano proveniente se ese país que no disponga de la autorización correspondiente.

El punto de inflexión para los haitianos en Bahamas fue el paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico a principios del pasado mes de septiembre, que provocó daños por valor de 7.000 millones de dólares y más de 1.000 personas dadas por desaparecidas, buena parte haitianos que habitaban en áreas de vivienda construidas sin permiso en las Ábaco y Gran Bahama, en el noroeste del país.

Las autoridades de Nassau aprovecharon que un número significativo de los afectados en esos dos grupos de islas eran haitianos sin permiso de residencia para anunciar la demolición de construcciones ilegales y la expulsión de todo aquel que permanezca en suelo de Bahamas sin autorización, lo que afecta principalmente personas de la antigua colonia francesa.

El endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias llevó a muchos haitianos a terminar en la cárcel por delitos menores relacionados con la violación de la normativa de inmigración local. El diplomático haitiano Dorval Darlier intervino para pedir al Gobierno que no encarcele a los ciudadanos de su país condenados por faltas menores relativas a la ley de inmigración, además de sugerir que fueran conducidos a centros de detención previo a ser repatriados.

El asunto cruzó las fronteras de Bahamas para llegar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), con sede en Ginebra, que pidió a la Administración del primer ministro, Hubert Minnis, que detenga las deportaciones.

Tras el paso del huracán Dorian, la Administración de Minnis emitió una prohibición inmediata de levantamiento de nuevas edificaciones irregulares en Bahamas, donde la mayoría de sus pobladores son haitianos. Activistas de los derechos humanos denunciaron que el Gobierno de Nassau no puede usar el huracán Dorian como una excusa para quitar los derechos de las personas que alguna vez llamaron hogar a esas construcciones no reguladas.

El Gobierno había dado a los residentes en los barrios de infra viviendas en la isla de Nueva Providencia hasta el 10 de agosto de 2018 para que las abandonaran antes de su demolición, mientras que los residentes de los barrios marginales de isla Ábaco tenían como límite finales de julio pasado.

Detrás de la política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes haitianos en situación irregular en Bahamas hay una determinación no disimulada del Ejecutivo de Minnis de recortar gastos sociales destinados a los haitianos en un momento en el que se prevé que las secuelas de Dorian provoquen una bajada en las reservas de hoteles en la nueva temporada turística que tiene en la región su pico entre diciembre y abril.

La previsión de la bajada de divisas por turismo, la principal fuente de ingresos del país, ha favorecido una política de no tolerancia a los inmigrantes irregulares visto cada vez más en el país como una carga para el bolsillo del contribuyente. Los haitianos se han convertido en los últimos años en parte de la vida de Bahamas al pasar a formar parte de su fuerza laboral, en especial en trabajos poco cualificados como limpiadores, jardineros o personal de cocina.

El ministro de Inmigración de Bahamas, Elsworth Johnson, negó que el Gobierno trate de marginar a los haitianos y aseguró que se trata de hacer cumplir la ley del país y proteger a la población de actos criminales. “Hacemos cumplir la ley de acuerdo con los estándares internacionales”, dijo el funcionario, tras recordar que por un periodo de tres meses tras el huracán Dorian se interrumpieron las deportaciones.

La decisión de Nassau no ha sentado bien en Haití, cientos de cuyos ciudadanos repatriados a la llegada a su país relataron cómo fueron interceptados en operaciones llevadas a cabo en medio de la noche para ser detenidos entre 10 y 30 días antes de ser deportados.

Mientras, en algunos gimnasios y otras instalaciones todavía se hacinan haitianos que perdieron sus hogares tras el huracán. Los últimos datos disponibles del censo de Bahamas indican que entre una población total de cerca de 350.000 personas 39.000 son de origen haitiano.